México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los que más disminuyó la carga fiscal sobre el salario durante el año pasado, con una baja de 0.98 puntos porcentuales y situarse en 20 por ciento, principalmente por una baja en el Impuesto sobre la Renta (ISR).
La OCDE ubicó a México en las últimas tres posiciones de países con menor carga, sólo después de Chile, que tiene una carga de 7.1 por ciento, por un aumento de 0.15 puntos porcentuales y Colombia, que tiene cero por ciento de carga.
De acuerdo con su informe anual sobre la carga fiscal de los salarios, en el país la Ley Federal de Trabajo, que entró en vigor en 2023, conocida como “vacaciones dignas”, estipuló una prima vacacional del 25 por ciento sobre el salario; además del aguinaldo de 15 días de salario del trabajador, con deducciones de 15 y 30 unidades mínimas de actualización (UMAs).
Asimismo, contempla las deducciones por gastos de transporte escolar, gastos médicos, aportes complementarios a Afores, donaciones, gastos de sepelio, etc.
La OCDE señaló que desde 2016 se incrementó el monto límite para las deducciones personales. El nuevo límite es el mínimo entre el 15 por ciento de los ingresos brutos del contribuyente y un monto equivalente a cinco UMAs anuales, lo que equivale a 189 mil 222 pesos en 2023.
“Este límite no aplica para matrícula de escuelas privadas, aportes complementarios a las cuentas personales de jubilación, honorarios profesionales y gastos médicos en caso de incapacidad o invalidez. Desde 2022 este límite se aplica a las donaciones benéficas”, detalla el informe.
Por otro lado, la OCDE destacó que la Ley de Seguridad Social promulgada en julio de 1997 cambió fundamentalmente la financiación de la seguridad social de los empleados no gubernamentales, que pasó de un plan de reparto a cuentas individuales financiadas, las Afores.
Además de que el gobierno no administra estas cuentas, se crearon nuevas instituciones financieras privadas específicamente para este propósito; sin embargo, la obligación contractual es entre los trabajadores y el gobierno, no con el administrador privado de los fondos, porque legalmente todavía se consideran contribuciones a la seguridad social, independientemente de quién administre los fondos.
“El Gobierno federal también contribuye a cada cuenta de pensión y garantiza una pensión mínima a cada beneficiario del sistema de seguridad social, independientemente también de la administración de los fondos”, destaca el informe.
La organización destacó los cambios en la fiscalidad del trabajo por la pandemia de Covid-19, con la extensión de plazos para presentar la declaración anual.
