El sistema de pensiones en México y sus implicaciones a futuro tienen problemas de sostenibilidad, inequidad y fragmentación, pese a que la actual administración ha realizado cambios positivos en la materia, sostuvo el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Al realizar un análisis del actual sistema mexicano, señaló que el pago de pensiones es insostenible en el tiempo ya que mientras en 2017 el pago de éstas representaba 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), estima que para 2024 esta cifra se incrementará hasta 6.5 por ciento.
Para dimensionar lo que implica dicha cantidad, el CEEY detalló que el Gobierno federal gasta en salud apenas 2.5 por ciento como proporción del PIB, en materia de educación, alrededor de 3.1 por ciento y en infraestructura 2.9 por ciento.
“Para pagar pensiones le estamos quitando recursos a la inversión en capital humano y físico en perjuicio del desarrollo, lo que representa una gran injusticia intergeneracional”, aseguró el Centro en su análisis “Un Sistema de Pensiones para la Movilidad Social: Acciones para enfrentar los problemas de sostenibilidad, inequidad y fragmentación”.
Insistió en que si bien la actual administración ha llevado a cabo cambios positivos en materia pensionaria, como la ampliación en la cobertura y mejoramiento en la tasa de remplazo, al no venir acompañados de una reforma fiscal, pudieran ahondar los problemas de sostenibilidad del componente asistencial y del componente de beneficios.
A esto se suma que sólo 30 por ciento de mujeres tiene una cuenta de ahorro para el retiro, mientras que en el caso de los hombres es poco más del 50 por ciento, lo que significa que es un sistema inequitativo.
“Un problema que preocupa al CEEY en materia pensionaria, es el de la cobertura limitada que tiene la población vulnerable conformada por mujeres y la población rural”, indicó.
La brecha entre hombres y mujeres es notable, ya que tres de cada 10 mujeres poseen una cuenta de ahorro para el retiro, mientras que la mitad de los hombres poseen una cuenta de este tipo.
Por lo que toca a la brecha urbano/rural, se observa que el porcentaje de personas que tiene Afore es mucho mayor para habitantes de las zonas urbanas (47.4 por ciento) que por parte de los habitantes de zonas rurales (24.8 por ciento).
A su vez, el CEEY expuso que existe desigualdad, porque el monto de las pensiones que reciben los trabajadores de paraestatales excede a las pensiones de la generación de transición y los de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores).
Un dato importante que destacó el Centro es que no se cuenta con la información suficiente que permita administrar debidamente el problema pensionario. “No tenemos un inventario de los esquemas de pensiones, ni tampoco se conoce su nivel de fondeo e inversión de recursos, ni cómo están administrados”, afirmó.
Por lo anterior, propuso, entre los puntos más destacados, blindar legalmente el gasto público en educación, salud e infraestructura a fin de evitar que se utilicen para pagar pensiones y no afectar el crecimiento incluyente con movilidad social del país.
Además, propuso establecer un sistema de seguridad social universal fondeado con impuestos generales que brinde una pensión mínima de vejez a todos los jubilados y que funcionaría en complemento con las Afores y los seguros para disminuir el gasto en salud de los jubilados, entre otros.
