El sector empresarial mexicano continúa inquieto ante el avance de la reforma judicial, en la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) alertó que se tendrá un impacto en la producción y desarrollo económico de las micro, pequeñas y medianas empresas, además que si pasa la reforma, la elección de los jueces y magistrados costaría al erario más de 3.5 mil millones de pesos.
Al asegurar que respetan las decisiones gubernamentales, la iniciativa privada tiene claro que la llegada de inversiones al país se debe sustentar con certeza jurídica y autonomía de los tres poderes de la Unión; pese a ello, no vislumbran que las divisas salgan del país.
Ante ello, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, señaló que existe una presión de las cámaras empresariales para sembrar la idea de que la reforma judicial no es adecuada para el país, pero siempre vista desde la óptica de esos grupos que “no quieren dejar el poder donde se dirimen judicialmente intereses a favor”.
Lo que está en juego con la reforma judicial es el “beneficio particular de los grandes intereses”, porque en años anteriores, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “sobaron” a empresas que se amparaban para no pagar impuestos, pero en la actual administración tuvieron que pagar su adeudo con el fisco, aseveró el analista económico.
“Entonces es ahí donde vemos cómo a través de los famosos grupos de presión: asociaciones empresariales, medios de comunicación, académicos de gran prestigio, estos últimos entre paréntesis, están colocando en el colectivo esta situación que, de aprobarse, México tendría un socavón económico, no es el caso”.
Martínez Cortés explicó que el daño que se asegura tendrá el país está lejano de la realidad, ya que los últimos datos de Inversión Extranjera Directa (IED) que publicó la Secretaría de Economía (SE), mostraron que hubo una gran reinversión de utilidades, si las empresas observaran que en México no hay estabilidad económica, jurídica, social y de seguridad no estuvieran reinvirtiendo esas utilidades, dijo.
Añadió también que no hay un peligro para el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como lo señalaron diversos actores políticos, como Ken Salazar, embajador estadounidense, académicos y agentes económicos, pues en el tratado “de lo que habla, es de procedimientos, no de figuras, no precisa que se debe tener tal o cual figura”.
Respecto a la posibilidad de que estaría en peligro el nearshoring, el analista económico dijo que la empresa matriz es la única que determinará si se invierte o no.
José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), señaló que no tiene conocimiento de que las empresas quieran dejar de invertir ante el momento histórico que vive México, pero destacó que, si se quiere aprovechar la relocalización de empresas, los inversionistas deben encontrar un Estado de derecho y certeza jurídica, “nosotros creemos que está es la gran oportunidad en un nuevo gobierno para transitar en estas oportunidades y no ahuyentar la inversión”.
Y aseguró que respecto a la elección de jueces y magistrados debe ser por examen de oposición y con una carrera judicial impecable de probidad y ética, porque la población no los conoce, entonces quién debe tener esa función es el Poder Legislativo, “nos parece muy importante que se mantenga esta elección de magistrados, jueces y ministros en manos de órganos colegiados”.
Por otro lado, Luis Antonio Zaldívar, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) aseguró que se ajustarán a las políticas gubernamentales, pero siempre en favor de mejores condiciones para las personas usuarias y personas trabajadoras de las empresas que constituyen a la Canapat; además, busca que con el próximo gobierno siga un acercamiento a la industria del autotransporte, “trabajando de la mano siempre”.
En tanto, Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), aseveró que la reforma judicial les preocupa, porque si la ley va a estar cambiando o el sistema judicial y jurídico no “están muy rígidos y establecidos” se puede ahuyentar la inversión a mediano y largo plazo, aunque afirmó que sí se debe hacer una reestructura en el Poder Judicial, en la cantidad de jueces, pero la designación debe estar impulsada desde su trayectoria y especialización.
Por su parte, la American Chamber/México señaló que la reforma judicial podría retrasar la profesionalización de las personas trabajadoras de la corte y se afectaría “la capacidad del Poder Judicial Federal para aplicar criterios técnico-legales y proporcionar capacitación continua para los jueces, especialmente en temas laborales” y se vulneraría el T-MEC.
Las afectaciones al tratado comercial son al Anexo 23-A, pues se asentó que México tendría tribunales independientes para la resolución de controversias laborales, también al Capítulo 31, que se refiere a la solución de controversias, “el riesgo de que exista una falta de profesionalización en los jueces podría afectar enormemente el tratamiento a las disputas comerciales”.
Pese a lo anterior, dijo que como representantes de la comunidad binacional de negocios y aliados comprometidos con el desarrollo de México, reafirma su compromiso de colaborar a través de mesas de diálogos sectoriales para revisar las iniciativas legislativas en el marco del T-MEC.
