Para enfrentar la impunidad en México es vital fortalecer las instituciones de Justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y erradicar la corrupción en todos los niveles del Gobierno, además de una mayor colaboración entre las autoridades y la sociedad civil para abordar este problema de manera integral y efectiva, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En su nota semanal, la iniciativa privada señaló que a través de esfuerzos coordinados y sostenidos se podrá hacer frente a la impunidad en México y restaurar la confianza en el Estado de derecho.
Sostuvo que lo anterior se podrá lograr a través del fortalecimiento de instituciones encargadas de hacer cumplir la ley; la promoción de una cultura de denuncia y colaboración ciudadana; la inversión en programas de prevención del delito con políticas enfocadas a la desigualdad social y el acceso a la educación y a oportunidades laborales, así como infraestructura y servicios básicos.
De manera específica, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), refirió que la condición necesaria para la prosperidad es el Estado de derecho, el cual garantice reglas claras y justas que impulsen la inversión productiva a través de una regulación eficiente.
Explicó que ello logrará estimular la operación de las empresas ya establecidas, la creación de nuevas Pequeñas y Medianas Empresas, así como a los nuevos emprendedores.
“Hemos señalado que el respeto a la Constitución es una característica imprescindible del Estado de derecho y que el Poder Judicial es su garante, de tal manera que su calidad e integridad son indispensables para la protección de los derechos de todos”, menciona.
Bajo dicho contexto, mencionó que es fundamental fortalecer la autonomía que la Constitución da a organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que mencionó, la operación eficiente de todos los sectores es fundamental con una estrategia nacional efectiva de seguridad.
Ante ello, sostuvo que el Gobierno debe poner en marcha estrategias que garanticen la seguridad en zonas específicas, como las zonas de tránsito de mercancías, paso de migrantes y otros puntos logísticos.
“Es importante considerar un Programa Nacional de Seguridad en el Transporte como una estrategia integral con acciones encaminadas a combatir el robo al autotransporte de carga y la instalación de centros de reacción inmediata en diversas ciudades”, dijo.
De manera central, el CEESP sostiene que es necesario poner atención en el fortalecimiento de la denuncia, la promoción de la participación de la ciudadanía con mecanismos seguros y accesibles para que las violaciones sean denunciadas de forma “verdaderamente” anónima.
El organismo añadió que los principales objetivos de la IP son contribuir en la construcción de un ambiente en el que todos los sectores del país se desarrollen de manera eficiente y permanente y en el que prive el Estado de derecho como garante de reglas que estimulen la inversión para un crecimiento sostenido.
