Una alternativa que pudo tomar el Gobierno mexicano para disminuir el precio del gas Licuado de Petróleo (LP) en lugar de topar su costo, era dar subsidios focalizados a la población más vulnerable a través de vales, como los que se utilizan para artículos escolares; sin embargo, con su decisión se compromete al mercado nacional, coincidieron analistas.
Carlos López Jones, director de la consultoría en Tendencias Económicas y Financieras, expuso que el gasto estimado del subsidio a través de vales pudo ser de entre 15 mil y 30 mil millones de pesos, lo que representaría apenas 0.50 por ciento del gasto anual que tiene el Gobierno federal, que para este año se estableció en seis billones 295 mil 736.2 millones de pesos.
“Las empresas hacen sus ventas normales y reciben dinero del Gobierno a cambio de los vales que les dan las personas. Los vales pudieron ser de 200 a 300 pesos mensuales por familia y sólo podrían usarse en la compra de gas. Por ejemplo, si éste cuesta 400 pesos y el vale es de 200, sólo se pagarían los 200 pesos restantes en efectivo”, consideró el analista en entrevista con La Razón.
Bajo una administración austera, el analista consideró que sí se podrían obtener dichos recursos para dar el subsidio si se recortan otros programas sociales. Por ejemplo, si se desprendiera el monto de la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, que cuenta con un presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 de más de 135 mil 065 millones de pesos, representaría 22.2 por ciento.
Asimismo, se podrían dar participaciones de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que cuenta con un presupuesto de 20 mil 600 millones de pesos y de Sembrando Vida, con un gasto de 28 mil 929 millones de pesos.
Sin embargo, Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, opinó que el Gobierno puede subsidiar cualquier opción, pero no sería una solución de largo plazo. Instó a incentivar el desarrollo de la cadena de suministro desde la importación de gas hasta el usuario final, para así poder tener precios competitivos.
“Esta medida (topar precios de gas LP) no va traer los beneficios que se dicen, pues difícilmente el usuario final será beneficiado. Los precios por decreto y no por condiciones de mercado difícilmente son una solución. Es importante ver cómo lo resiente el mercado y si los beneficios que se dicen llegan a ser palpables”, explicó.
A inicios de julio pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la creación de Gas para el Bienestar, una empresa filial de Petróleos Mexicanos (Pemex). El objetivo principal es competir con los distribuidores privados que, a su opinión, venden caro el energético al monopolizar el mercado.
Esto luego de que el gas LP ha presionado la inflación en los últimos meses. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apuntan que, a junio pasado, este combustible incidió en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en 0.1 por ciento, con una variación quincenal de 4.01 por ciento, seguido de la tortilla de maíz, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, la cebolla, carne de res y restaurantes y similares.
López Jones advirtió que la incertidumbre que se generó con el tope de precios del gas LP puede derivar en escasez o sobrecostos del huevo, tortilla, leche y pan, entre otros, porque “se quedarían sin gas, o podremos ver aumentos si hay un mercado negro y el productor termina reflejando esos precios al consumidor final”.
Díaz Ibarra agregó que incluso se podrían observar algunas empresas que suban sus precios si lo que ofrecían está por debajo del precio máximo fijado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que se actualizará cada semana, o zonas donde pueda haber desabasto, porque el precio quedó muy justo.
