La implementación de impuestos ecológicos, verdes o ambientales avanza entre los estados del país. Si bien, por el momento, la recaudación es limitada, analistas consideran que existe un gran potencial para las arcas locales en los siguientes años.
Un total de 14 entidades ya cuenta con al menos un gravamen de este tipo, de las cuales cuatro implementaron esta figura entre el 2022 y 2023, de acuerdo con un análisis de Moody’s Local México.
La degradación ambiental, el calentamiento global y el cambio climático son de las mayores amenazas que existen en la orbe, según el Foro Económico Mundial. Ante este escenario, diversas economías establecieron medidas para enfrentar los riesgos latentes. Una de ellas es la implementación de impuestos ambientales, los cuales son destinados a gravar los comportamientos nocivos para la salud del planeta.
Además de la Ciudad de México, Baja California, Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas son los estados que tienen al menos un gravamen ecológico.
La proliferación de dichos impuestos aplicados a actividades que abarcan desde la emisión de gases a la atmósfera hasta la remediación ambiental por actividades extractivas o contaminantes ha implicado modificaciones al marco fiscal e institucional en los estados para mejorar sus condiciones ambientales de manera gradual.
De acuerdo con Moody’s, se espera un impacto limitado –tanto crediticio como ecológico– en el corto y mediano plazos, pero con potencial en los siguientes años.
“La mayoría de los estados está implementando nuevos impuestos con tarifas bajas y, en promedio, estiman, en sus leyes de ingresos, que la recaudación de impuestos ecológicos, en el 2023, será menor a 0.5 por ciento de los ingresos totales”, comentó.
Sin embargo, en algunas entidades es una cifra mayor. En Nuevo León, por ejemplo, es más de 6 por ciento; en Querétaro, más de 4 por ciento, y en Yucatán, casi tres por ciento.
El exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa comentó recientemente que este tipo de gravámenes deben considerarse como parte de una futura reforma fiscal, porque no sólo ayudará en el combate al deterioro al medio ambiente, también incrementará la recaudación, la cual es baja en la mayoría de los gobiernos estatales.
Gran riesgo
El deterioro en el medio ambiente implica una amenaza importante a la estabilidad económica, social y política en prácticamente todas las geografías del mundo, señaló PricewaterhouseCoopers (PwC).
Entre los diversos mecanismos con los que cuentan los gobiernos para implementar instrumentos económicos con el objetivo de proteger el medio ambiente, se encuentran estos impuestos, los cuales se enfocan en gravar a personas físicas o jurídicas que han incurrido en actos que derivan en afectaciones al medio ambiente o a quienes pretendan realizar actividades que tengan el potencial de causar tales afectaciones.
En un análisis, PwC señaló que México cuenta con una variedad de impuestos ambientales a nivel federal y por entidad federativa. En el primer caso destacan el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel y el Impuesto a Automóviles Nuevos.
Sólo en papel
Moody’s aclaró que en los casos de Durango y Nayarit, el impuesto ecológico existe como figura en sus respectivas leyes de ingresos, aunque no lo han aplicado.
En la CDMX no existe una figura definida como impuesto ecológico. No obstante, cuenta con un sistema estricto de verificación vehicular cuyos ingresos se clasifican en el rubro de Productos. También ofrece estímulos fiscales para incentivar el reciclaje y la inversión en tecnologías que reducen la contaminación.
