La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amosfipo) planteó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) modificaciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
La finalidad es contar con una ley más robusta que permita enfrentar los retos del 2023 donde se prevé que los ingresos de las familias sean menores a sus gastos y, por ello, haya una mayor demanda de los servicios de estas entidades financieras.
“Vamos a tener un 2023 exigente en el mundo, con tasas de interés e inflación altas y con crecimiento por debajo del aumento de precios”, afirmó el presidente de la Amosfipo, David Romero.
Lo anterior implica que los negocios destinarán más recursos para pagar todos sus productos y servicios, ya que los ingresos no van a aumentar a la misma velocidad.
Romero precisó que con la propuesta de modificación a dicha ley se busca modernizar la legislación de estas entidades financieras en materia de ciberseguridad, capitalización, riesgos, digitalización, fondo de protección al ahorro bancario y gobierno capitalino.
Las Sofipos, que cuentan con activos por 36 mil 428 millones de pesos y atienden a 4.8 millones de clientes en mil 629 municipios, son un intermediario financiero clave para atender las necesidades de servicios financieros de la población.
Expuso que los clientes invierten hasta 125 pesos y dos horas de camino para acudir a realizar personalmente los pagos de sus préstamos.
Por tal motivo, abundó Romero, como parte del proceso de actualización de la ley, se busca fortalecer a las sociedades en procesos clave como capital, liquidez y tecnología, en beneficio de los clientes.
La digitalización permitiría la reducción de costos a los usuarios de servicios de hasta 50 por ciento para acceder a los servicios financieros.
Señaló que las modificaciones a la ley que está sugiriendo la Amosfipo deberán ser discutidas en el poder Legislativo para que analicen y en su caso modifiquen y aprueben.
CEHR
