Outsourcing o subcontratación es un mecanismo de empleo que en México es legal después de que en 2012 La Ley del Trabajo lo permitiera en su artículo 15-A.
A nivel mundial se ha extendido a diferentes sectores y en países como Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Uruguay y Canadá, es una forma lícita de organización de la producción; no obstante, los marcos legales varían de acuerdo al país o región del mundo.
En el caso específico de México, esta figura se ha utilizado para malas prácticas, porque con él, las empresas han incurrido en ilegalidades como la facturación de nóminas inexistentes, evasión de impuestos, entre otras.
Datos de los Censos Económicos 2019, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que 4.7 millones de personas está contratada bajo este esquema.
No obstante, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en México existen, al menos, mil 200 empresas con esquemas de subcontratación ilegal, que podrían afectar a 862 mil 489 trabajadores; es decir, que del total de empleados bajo terciarización, como también se le conoce al outsourcing.
Es por esto, que el Gobierno mexicano decidió impulsar la Iniciativa para regular el outsourcing, el cual se basa en modificar la Ley Federal del Trabajo específicamente el Artículo 12 al establecer que las empresas intermediarias sólo se encargarán de reclutar al personal, más no serán consideradas como patrones de los empleados. Esa responsabilidad recaerá en las firmas contratantes.
También se reforman los Artículos 13 y 14 de la citada Ley, en donde el primero establece que una subcontratadora no podrá proporcionar el total del personal para otra empresa.
Asimismo, se derogan los Artículos del 15-A al 15-D, los cuales detallan las condiciones y aspectos que debe cumplir una empresa contratante de servicios de outsourcing actualmente.
SANCIONES
En la iniciativa se refiere que la violación a las nuevas disposiciones implicará multas que irían desde las 2 mil hasta las 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); es decir hasta más de 340 mil pesos, a precios de 2020. No obstante, si hubiera mayores irregularidades, se procederá como un delito de defraudación fiscal.
Tras su entrada en vigor, el próximo 1 de enero de 2021 y después de que la Secretaría del Trabajo expida las reglas, las empresas que operan bajo este esquema tendrán seis meses para obtener los permisos correspondientes.
¿ES MALO?
Analistas aseguran que el outsourcing no es ilegal, de hecho tiene una regulación que establece que no se podrá utilizar en todas las actividades, iguales en su totalidad; además de que tiene que justificar su utilización a un tema de especialización.
Además de que los trabajadores contratados bajo este esquema, no debe realizar las mismas tareas que el personal que el contratante tenga.
Aunque una de las razones por las que se busca regular es por el abuso hacia los trabajadores, la mayoría del personal de outsourcing registra pagos superiores a los demás trabajadores formales.
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