La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dio a conocer su posicionamiento respecto a la reforma eléctrica en donde manifestó su rechazo por la propuesta del Ejecutivo y solicitó considerar los efectos negativos que traería al medio ambiente, la inversión y por ende, a México.
Destacó que la industria automotriz se encuentra en un proceso de transformación global acelerado y para que siga siendo competitiva es indispensable asegurar el acceso a energías limpias, a precios competitivos y abastecimiento suficiente de energía.
Entre los 10 punto centrales de preocupación para la AMIA por la posible aprobación de la reforma eléctrica destaca como número uno, que mientras en 2021 el precio promedio de la electricidad que vendía la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Media Tensión estuvo en 1.22 pesos por Kilo Watt hora, los privados ofrecieron un precio promedio de 0.42 pesos por Kilo Watt hora.
Como segundo punto, expuso que la capacidad limitada de fuentes renovables con la que cuenta la CFE, se estima que, para alcanzar dicha proporción en la generación de electricidad, tendría que usar combustibles fósiles, lo cual podría incrementar el costo de la electricidad hasta en 31 por ciento.
Además, señala la AMIA, esto podría tener un impacto negativo en la promoción de fuentes de generación de energías renovables y un incremento estimado en las emisiones de bióxido de carbono del 32 por ciento.
En un tercer tema, la AMIA refirió que respecto del esquema de generación de electricidad propuesto, en el que la CFE generará por los menos 54 por ciento de la energía y las empresas privadas el porcentaje restante.
“Vemos con preocupación que pudiera no haber financiamiento disponible, ni infraestructura y generación de energía eléctrica limpia que permitan atender el incremento en la demanda en el futuro cercano, tanto por la inercia económica existente como por los compromisos planteados con anterioridad”, señaló el organismo.
En una cuarta reflexión, la AMIA se refiere a la generación de energía; señala que se tiene conocimiento que de enero a septiembre de 2021 se produjeron 244.8 Tera Watts hora, de los cuales la Comisión Federal de Electricidad generó 98.6 Tera Watts hora (40 por ciento) y los privados 146 Tera Watts hora (60 por ciento).
“Por lo tanto, la duda es: ¿cómo desarrollará la Comisión Federal de Electricidad la capacidad adicional equivalente al 14 por ciento para alcanzar el 54 por ciento del total que establece esta reforma?”, indicó.
Como quinto punto, el organismo destacó que en caso de limitar la modalidad de autoabastecimiento, habrá una parte significativa de la demanda de electricidad que tendría que cubrir inmediatamente la CFE y su capacidad para lograrlo se verá retada.
Eso repercutiría en tarifas de electricidad menos competitivas, implicaría riesgos de pérdida de competitividad y generaría incertidumbre para las inversiones presentes y futuras.
“Presenta un riesgo para los corporativos de las empresas asociadas a la AMIA en el cumplimiento de sus visiones y compromisos de descarbonización y sustentabilidad”, acotó.
El resto de las preocupaciones de la AMIA se centran básicamente en las implicaciones de la reforma eléctrica contra el medio ambiente y el incumplimiento de los compromisos internacionales que tienen México para bajar sus índices de contaminación a través de energías limpias.
Eliminar los Certificados de Energías Limpias, ejemplificó, impediría a las empresas acreditar el uso de energías renovables, lo cual, a su vez, repercutiría en el cumplimiento de las obligaciones país de los corporativos y las contribuciones país en torno a los compromisos de descarbonización derivados de los acuerdos internacionales suscritos por México, como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y la COP 26, expuso la AMIA en un sexto punto.
La AMIA dijo reconocer que el Sistema Eléctrico Nacional y su marco normativo tienen áreas de mejora que podrían solucionarse sólo modificando la legislación secundaria y no haciendo un cambio constitucional como lo propone el Ejecutivo.
Los efectos serían negativos para la planta productiva de la industria automotriz mexicana, y además se estaría en contra de los compromisos internacionales suscritos por México en acuerdos como el T-MEC y el Acuerdo de París, entre otros.
El presidente de la AMIA, José Zozaya, expuso en un comunicado que “la industria automotriz está interesada en contar con un Sistema Eléctrico Nacional transparente, eficiente, competitivo y progresivamente más sustentable”.
Confió en que todos los actores involucrados tienen el mismo interés de generar mejores condiciones para la inversión futura en México y los mexicanos “por lo que creemos que se encontrará la manera de atender las áreas de oportunidad del sector eléctrico sin afectar otros sectores industriales”.
JVR
