De aprobarse la reforma eléctrica, México enfrentará litigios internacionales en los que podría pagar hasta 20 veces el monto de inversión privada que hay en el sector, calculado en 44 mil millones de dólares, estimó Gabriela Álvarez Ávila, presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión del Consejo Directivo de la International Chamber of Commerce México (ICC México).
La experta evaluó que estos casos tardan en resolverse entre tres y cuatro años, por lo que a la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien emitió la reforma eléctrica, no le tocará pagar los conflictos internacionales que seguramente impondrán las empresas afectadas dentro del sector.
Las indemnizaciones que exigirían las empresas afectadas estarían valoradas de acuerdo al monto de inversión, los recursos que esperaban obtener por un tiempo determinado. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que el monto privado en el sector eléctrico asciende a 44 mil millones de dólares.
No obstante, Gabriela Álvarez Ávila también dijo que los montos que, en su caso, tendría que pagar el Estado, tienen que ver con la fuente de energía que se utilice, además de que la energía en sí misma es un commodity, por lo que si hoy se espera un pago de 10 veces, en algunos años será hasta 20 o más, pues el mercado es muy volátil.
“El sector energético en general se abrió a México apenas hace unos años. Y antes de eso México había tenido otras experiencias respecto a posibles litigios internacionales, pero no en un sector donde las reclamaciones pueden ser de valores muy altos. En este caso, frente a esta reforma, el riesgo país se multiplica mucho frente a litigios en donde los montos pueden ser exponencialmente muchos más grandes que lo que hasta ahora México había conocido”, manifestó.
Respecto a las declaraciones de Manuel Barttlet, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), respecto a que no habrá indemnizaciones por cancelar contratos privados, sostuvo que es claro que desde el Gobierno desconocen los compromisos que tiene el país en tratados internacionales.
Abundó en que bajo acuerdos bilaterales o multilaterales, las empresas afectadas pueden reclamar ante instancias internacionales una indemnización, ya que “aunque no hay un decreto expropiatorio o no se está proponiendo un decreto como tal, el efecto de las medidas es similar a una expropiación”.
EGC
