El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) afirmó que la reforma en materia energética, que busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga prevalencia sobre sus contrapartes privados en el sector eléctrico genera dudas en los inversionistas, por lo que el Gobierno debe mandar un mensaje de compromiso con el Estado de derecho y la certidumbre jurídica.
Esto, al sostener que las inversiones en el sistema eléctrico están lejos de las necesidades del país y la demanda eléctrica crece por arriba del desarrollo de nueva capacidad; además de que las energías renovables no se han desarrollado al ritmo que establecen los acuerdos internacionales y Petróleos Mexicanos (Pemex) sufre de problemas operativos y financieros.
Destacó que, además, las finanzas públicas están presionadas por el alto déficit fiscal de 5.9 por ciento del PIB que se espera este año, por lo que el organismo aseguró que la reforma energética enviaría un mensaje de incertidumbre, que no sólo limitaría aún más las inversiones en el sector, “sino que se reflejaría en toda la economía nacional como un mensaje de que el Estado mexicano no tiene un compromiso creíble con el Estado de derecho".
Sector energético debe aprovechar financiamiento público y privado
Y es que para el Imco, el sector energético debe aprovechar todas las posibilidades de financiamiento público y privado y las empresas estatales deben estar en condiciones de generar valor económico para brindar un mejor servicio público, pero “al desincentivar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica, se eliminan los incentivos a la eficiencia que reducen los costos eléctricos”.
Apuntó que el riesgo se agudiza en un entorno de relativa poca inversión en generación eléctrica, pues, mientras que entre 2013 y 2018 se autorizaron 54.5 mil millones de dólares en inversiones en generación, entre 2019 y 2024 sólo se autorizaron 13.4 mmd.
Además, el Imco advirtió que “eliminar el mandato de Pemex y la CFE de crear valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario para transitar hacia el carácter de empresa pública sin fines de lucro permite que la empresa opere con pérdidas y cause un daño a la hacienda pública”.
Por ello, señaló que si se aprueba la reforma, el Poder Legislativo tendrá que cuidar que la legislación secundaria mitigue éstos riesgos para que “el objetivo de fortalecer a las empresas públicas no vaya en detrimento de las posibilidades del país para generar, atraer y retener inversiones y talento”.
¿Qué propone la reforma en materia energética?
Cabe señalar que la iniciativa busca modificar tres artículos constitucionales en materia de energía:
- Artículo 25
Cambiar la naturaleza de las empresas productivas del Estado por la de empresas públicas, notablemente la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
- Artículo 27
Cancela las posibilidades de inversión privada en la transmisión y distribución eléctrica. Se agrega que las empresas privadas en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
- Artículo 28
Agrega el servicio de internet que provea el Estado al listado de áreas estratégicas, y se establece que los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética y proveer electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado.
cehr
