La propuesta de reforma al sistema de pensiones que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador deja fuera a los trabajadores que laboran en la informalidad, los cuales representan más de 50 por ciento de la población ocupada, dijo el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).
Además, destacó, debe quedar claro que la desaparición de los organismos autónomos no alcanza para cubrir este rubro, pues apenas representa 0.5 por ciento de las pensiones.
Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP, consideró que, en principio, la iniciativa no es una mala idea, pues tiene características que van a beneficiar a la población que se está pensionando a partir de la reforma aprobada en 2020, cuando se disminuyeron las semanas de cotización ante el IMSS, la cual tiene poco ahorro.
Lo que va a hacer esta reforma es compensar a las personas que ganan hasta 16 mil 700 pesos mensuales. “En cuestión de justicia social y de que todas las personas queremos estar mejor, me parece que es una iniciativa bien pensada y hasta podría dar pie para disminuir la diferencia que se tiene entre los pensionados de la Ley 73 o del décimo transitorio y los que se están pensionando por cuentas individuales”, señaló.
El asunto, dijo, es cuánto nos va a costar, porque los 64 mil millones de pesos del fondo semilla propuesto no alcanzarán en el largo plazo, y el Gobierno no deja claro si es suficiente para un año, para cinco o para 10, eso sin contar que las fuentes de financiamiento son de una sola vez y ni siquiera son seguras.
“Esa parte se tiene que resaltar, porque no tenemos más espacio fiscal para pensiones, ya gastamos 22 por ciento de todo el presupuesto neto en ese rubro”, añadió en entrevista en Cuentas Claras.
Además, acotó, esta iniciativa se focaliza únicamente en trabajadores del IMSS e ISSSTE; es decir, “seguimos dejando fuera a las personas que trabajan en la informalidad”.
Entonces, también va a haber una diferencia entre las pensiones del Bienestar y de todas las personas que trabajan en la formalidad.
“Es una iniciativa con claros y oscuros, bastante deseable, pero no sabemos cuánto nos va a costar y, sobre todo, cómo la vamos a financiar si no tenemos una reforma fiscal”, reiteró. En su opinión, quedan dudas, porque no se sabe si, entonces, la pensión mínima garantizada ya será de 16 mil 700 pesos y si las personas que están en la Ley 73 van a tener opción a esta reforma, o sólo será para las que cotizan en la Ley 97 o cuentas individuales en el caso del ISSSTE, “porque si tienen acceso (los de la Ley 73), el costo se puede disparar todavía más”.
Macías destacó que el presupuesto de los organismos autónomos no alcanza para las pensiones, puesta ronda en tres mil millones de pesos, “y creo que me estoy viendo un poco laxa”. Es cerca de 0.5 por ciento del gasto en pensiones, pero la eventual desaparición de estas entidades sí conlleva un debilitamiento en las instituciones.
Destacó que el fondo de pensiones del Bienestar que se propone debe traer un componente importante de transparencia y de rendición de cuentas, ya que otros fondos no tienen eso, no se sabe cómo funcionan.
