Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), y con un sistema de procuración de justicia débil, se limitaría “la aplicación de una justicia efectiva”, la inseguridad e impunidad podrían aumentar como en Culiacán, donde personas y actividad económica ya resienten los efectos de la violencia. Además, los indicadores macroeconómicos ya “empiezan a dar cuenta de la situación”, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
De acuerdo con los analistas, los indicadores macroeconómicos ya mostraron resultados negativos por la inseguridad, en el caso del Producto Interno Bruto (PIB), en el segundo trimestre, creció 0.2 por ciento y pronostican que no mejorará en los próximos trimestres; para el caso de la inversión tuvo un debilitamiento por la incertidumbre que existe en México por “cuestiones políticas y del agudo ambiente de inseguridad que prevalece en el país”, lo que pone en riesgo la relocalización de cadenas de valor, y se podría perder el avance de los últimos cinco años.
El CEESP aseguró que la inversión total, en el segundo trimestre creció 0.4 por ciento, frente al 1.5 por ciento de la inversión privada; no obstante, la inversión pública se contrajo 5.2 por ciento, por la conclusión de los proyectos “insignia” del gobierno federal.
Asimismo, “las expectativas de crecimiento continúan corrigiéndose a la baja”, pues el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de julio, creció 0.1 por ciento, aunque en agosto podría tener un crecimiento de 0.3 por ciento, y aunque en su comparación mensual creció, en términos anuales mostró “una marcada debilidad”, indicó el CEESP.
Tras los cambios que sufra el PJF, y a pesar de que el próximo gobierno los avaló, podría encontrar obstáculos para que en el país haya tranquilidad y seguridad, pues mientras la atención se centra en el cambio del Poder Ejecutivo, en septiembre hay un promedio de 75.3 homicidios diarios, puntualizó el centro de estudios.
