Las iniciativas de reforma que dio a conocer el Ejecutivo el lunes, de aprobarse, fragilizan las finanzas públicas y el régimen democrático, sentenció Citibanamex.
“Varias de las propuestas tienen un costo fiscal creciente, inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas y su deterioro previsible, aún antes de las nuevas propuestas”, comentó Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos del grupo financiero.
La iniciativa de aumentar las pensiones, establecer un salario mínimo para la mayoría de los trabajadores del sector público por arriba de su remuneración promedio e impulsar la construcción de vivienda, implica un aumento del costo fiscal, que se añadiría a un déficit público que ha sido creciente en los últimos años, dijo el analista.
En su opinión, la propuesta de pensiones muestra un diseño “apresurado e inconsistente”. “No se enmarcan en una política social equitativa y buscan financiarse con potenciales fondos que sólo pueden ser conseguidos en una sola ocasión”. Sin embargo, añadió, el problema es que las propuestas implican un costo fiscal anual, permanente y creciente. Además, buena parte de los fondos a que se alude ya están comprometidos, dado que hay un déficit fiscal creciente.
En el contexto polarizado y los tiempos electorales que vivimos, será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlasFrancisco Cervantes, Presidente del CCE
ip opina. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que no es buen momento para discutir las iniciativas de reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dada la proximidad de las elecciones. “La importancia de estas reformas amerita un análisis imparcial, profundo y detenido, con el involucramiento de todos los sectores, que no es posible realizar en este momento”, expuso la cúpula empresarial.
El jefe del Ejecutivo dio a conocer 18 propuestas constitucionales y dos de tipo legal, entre las que se encuentran las de pensiones, el salario mínimo y la desaparición de los organismos autónomos.
“En el contexto polarizado y los tiempos electorales que vivimos, será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlas”, expuso. Añadió que se requiere de un análisis profundo, en particular, las propuestas relacionadas con la integración y facultades del Poder Judicial, la organización electoral, la integración del Poder Legislativo y la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional, las cuales, acotó, representan modificaciones profundas que “trastocan el régimen político” que se ha construido con contrapesos y equilibrios democráticos.
Es necesario hacer un análisis costo-beneficio del impacto de cada una de las propuestas presentadas, en el entendido de que el sector industrial está dispuesto a explorar todas las opciones para poder lograrloJosé Abugaber, Presidente de Concamin
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que, si bien coincide en alcanzar mayores beneficios para los trabajadores y sus familias, es necesario hacer un análisis costo–beneficio del impacto de cada una de las propuestas presentadas, en el entendido de que el sector industrial está dispuesto a explorar todas las opciones para poder lograrlo.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) consideró que ocho de esas iniciativas ponen en riesgo la competitividad del país: pensiones, salario mínimo, educación y empleo, la que desaparece a los autónomos, la del Poder Judicial, la político-electoral y las referentes al agua y la energía eléctrica. Además, implican cambios institucionales profundos, que requerirían incluso una reforma hacendaria para cubrir los gastos generados.
Por su parte, el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN)-UNAM consideró que las reformas que propone AMLO tendrían un impacto de 2.1 por ciento en el PIB, el cual podría financiarse con una reforma fiscal a través del combate a la elusión y evasión, entre otras medidas.
Las reformas no sólo son ambiciosas en su alcance, sino que, de llevarse a cabo, demandarían cambios institucionales profundos, incluida una reforma fiscal que permitiera financiar –especialmente– la modificación al sistema de pensionesValeria Moy, Directora general del Imco
Cambios en retiro
Los 64 mil millones de pesos del fondo semilla que el Gobierno propone en la iniciativa de reforma de pensiones “son una vacilada”, dado que la medida puede costar un “buen número” de puntos del PIB, consideran analistas.
Héctor Villarreal, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, señaló que se debe tener mucho cuidado en la iniciativa referente a que la pensión sea igual al salario del último año de empleo del trabajador, “se presta a transas y arreglos burdos”.
“La inocentada es que la tasa de reemplazo se base sólo en el último año de cotización”, expuso el especialista, quien añadió que se prestaría a una modalidad 40 “con esteroides”, lo que podría generar un desfalco al fisco.
Los 64 mil 700 millones de pesos (para pensiones) son una vacilada. La medida puede costar un buen número de puntos del PIB. ¿Cómo se va a financiar esto?Héctor Villarreal, Profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey
Esta reforma está limitada a 16 mil 700 pesos (actualizada por inflación), lo cual, de alguna manera, pone candados a la población que accedería a ella.
Fusiones
El Gobierno busca fusionar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Lo anterior, considerando que ambas instituciones, dice la iniciativa, comparten naturaleza jurídica, cuentan con unidades al interior del país y buscan la defensa de los usuarios. Al respecto, Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef, consideró que es preocupante y calificó de “disparate” la iniciativa, ya que son instituciones con funciones específicas. Acabarían con la defensa de los usuarios de los bancos, que “vaya que cometen atropellos”.
Por su parte, la titular del Inegi, Graciela Márquez, dijo que estarán atentos al proceso legislativo de las iniciativas que presentó el Presidente, en las cuales se propone que las funciones del Coneval sean absorbidas por el instituto. “El Inegi, como entidad autónoma, se mantiene en esa autonomía de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución. Su función es independiente de otros organismos. Estamos al tanto y estaremos pendientes del proceso”, expuso.
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