La sanción que interpuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Cyber Robotic Solutions, empresa de León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue suspendida por la Décima Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves.
“…en el caso es procedente el otorgamiento de la medida cautelar consistente en dejar sin efectos la publicación de fecha 31 de agosto de 2020, en el Diario Oficial de la Federación de la circular 16/2020 relacionada con la sanción de inhabilitación impuesta en el expediente administrativo SAN/036/2020, de la Secretaría de la Función Pública”, informa en una circular publicada ayer en el DOF, en relación con la inhabilitación impuesta por la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP a la empresa.
La Décimo Tercera Sala Regional refiere que deja sin efectos la inhabilitación de la empresa del hijo de Bartlett Díaz, toda vez que dicha medida no encuentra el obstáculo del interés público y social.
Esto, “tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta; y en todo caso el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva”.
En agosto pasado, la SFP emitió un decreto en el DOF para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se abstuvieran de celebrar contratos con León Manuel Bartlett por 21 meses, pero fue anulado.
Cyber Robotic Solutions participó en una licitación de ventiladores a fin de atender la emergencia sanitaria por Covid-19, pero una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad expuso que dichos productos se vendieron a sobreprecio.
El 6 de julio de este año, la SFP informó que las sanciones aplicables a la compañía privada son 24 y 27 meses de inhabilitación para establecer contratos con el Gobierno, así como dos multas, que suman más de dos millones de pesos; por estos hechos fueron suspendidos cuatro servidores públicos adscritos al IMSS-Hidalgo por su posible complicidad en estas acciones irregulares.
Ninguno de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles.
