Del total de donatarias que hay en México, 20 por ciento están en riesgo de desaparecer por las nuevas disposiciones que aprobaron los diputados en materia de financiamiento a Organizaciones de la Sociedad Civil, informó Jorge Villalobos, del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
En videoconferencia de prensa, diversas organizaciones civiles emitieron su postura respecto a la reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR), que las obliga a emitir comprobantes fiscales digitales, y restringir que 50 por ciento de sus ingresos vengan de actividades no relacionadas con ellas.
En este sentido, Jorge Villalobos sostuvo que si en México hay nueve mil donatarias, se perderían 1,800; sin embargo, llamó a analizar las reglas que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la cual le demandaron normas claras para evitar discrecionalidades.
“Sabemos que las donatarias que reciben más de 50 por ciento de ingresos de otras actividades son muy pocas. Hacienda tendría que clarificar el criterio que está utilizando para saber qué considera como relacionado y no relacionado ”, dijo.
Detalló que en la exposición de motivos se habla de 132 mil millones de pesos por servicios no relacionados, lo cual es incorrecto, porque están mezcladas las relacionadas con las no relacionadas
“Esta reforma lo que trae es un incremento inusitado de causales de revocación de las donatarias autorizadas que preocupan a todo el sector”.
Asimismo, se detalló que los aportes privados (empresas o personas) suman 47 mil millones de pesos, pues el donante tenía el recibo de deducibilidad de un tercio de lo que da a las Organizaciones Civiles.
Por su parte, Hatziri Recillas, del Grupo Fiscal de OSC, recordó que la propuesta busca aumentar la tributación y prevenir la evasión fiscal; pero la realidad, consideró, es que es una propuesta que sobreregula nocivamente al sector, porque limita sus actividades.
“Se cerrarán proyectos y afectarán a las comunidades más vulnerables de México. También busca castigar a las donatarias por errores de terceros, eso es grave y tiene matices de inconstitucionalidad”, aseveró.
Finalmente, dijo que buscarán el diálogo para revertir esta decisión, pues esperan que el Senado sea más sensible con las ONGs; sin embargo, no descartaron tomar otras acciones para hacerse escuchar, pues aseguraron que durante esta administración han tenido mayores conflictos para laborar.
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