La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer las 10 catástrofes más costosas para el sector asegurador, de los cuales cuatro son huracanes que ha enfrentado el país a lo largo de los años.
En primer lugar se encuentra el huracán Wilma, en 2005, que le costó a la industria aseguradora dos mil 309 millones de dólares. Este fenómeno natural afectó a Quintana Roo, donde tocó tierra por dos días bajo categoría 4.
En el Top Ten de los siniestros más caros para el sector, el huracán Odile ocupa el tercer lugar, con un costo de mil 242 millones de dólares para el sector asegurador mexicano, de acuerdo con información de la AMIS.
También aparecen Gilberto e Isidore, en cuarto y séptimo lugar, los cuales representaron un desembolso por pagos de indemnización de mil 121 millones de dólares y 409 millones de dólares, respectivamente.
En el listado que dio a conocer la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros también aparecen los sismos de 2017 y 1985, así como la actual pandemia por COVID-19, que ocupa el noveno lugar, con un costo de 406 millones de dólares.
REAFIRMAN COMPROMISO
La AMIS expresó su solidaridad con los habitantes de las zonas afectadas por el huracán Delta, en Yucatán y Quintana Roo; asimismo, reiteró su compromiso con los asegurados para la atención expedita de las solicitudes de indemnización provocadas por esta catástrofe.
“Hacemos un llamado a la población en general para que sigan las recomendaciones de Protección Civil o las autoridades competentes, lo más importante es proteger la vida de las personas; además, reiteramos que las compañías de seguros estarán dando seguimiento oportuno a cada caso”, comentó Recaredo Arias, director general de AMIS.
A FAVOR DEL FONDEN
Por otro lado, la AMIS expresó que el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) es importante, pues garantizaría los recursos para la atención inmediata ante una catástrofe y también "para resarcir los daños no asegurados por privados.
“La eliminación del Fonden provocaría que las pérdidas causadas por una catástrofe sean asumidas por el Gobierno, quien se vería obligado a utilizar fondos destinados a otros proyectos, lo que impactaría el desarrollo económico”, concluyó.
