Estados Unidos solicitó investigaciones hacia México bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que ofrece el T-MEC, que no corresponden a la entrada en vigor del acuerdo; así como que pasó por alto el periodo de implementación de la reforma laboral de tres años, aseveró la Cámara de Comercio de este país (US Chamber, por sus siglas en inglés).
A través de una carta enviada a la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Glenn Spencer, vicepresidente senior de la División de Política de la Cámara de Comercio, expuso algunas irregularidades del trato laboral de Estados Unidos hacia México.
En agosto de 2020, la Cámara expresó su preocupación por la falta de protección del debido proceso que se encuentra en los capítulos laborales del T-MEC y de solución de controversias del acuerdo comercial en lo que respecta al llamado mecanismo de respuesta rápida.
Aseveró que la guía procesal final aún no se ha publicado, por lo tanto, cualquier acción sobre una petición es inapropiada e injusta para el propietario de la instalación cubierta y la parte demandada. Por ello, consideró que la Comisión Laboral no debería actuar sobre las peticiones de supervisión sin que se publiquen las orientaciones procesales finales.
Es importante recordar que México enfrenta dos Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida por parte de Estados Unidos por posibles conflictos de contratación colectiva de las plantas automotrices General Motors, en Silao, Guanajuato; y Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas.
Otra irregularidad que detectó la US Chamber fue que hay demandas laborales hacia México incluso antes de que entrara en vigor el T-MEC, el 1 de julio de 2020, lo cual calificó como una violación del derecho al debido proceso y no debe tolerarse.
En este sentido, recordó que México estableció un plazo de tres años para que todos los convenios colectivos se transfieran al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y de cuatro años para que los convenios existentes sean rescindidos o ratificados.
“Actuar sobre las peticiones presentadas contra las instalaciones en México antes de que dichas instalaciones pudieran reevaluar su respectivo convenio colectivo dentro del plazo de tiempo de México también es una violación del derecho al debido proceso y tiene el potencial de sentar un precedente peligroso”, expuso Spencer a Brenna Dougan, directora de asuntos laborales de Estados Unidos, y Samantha Tate, jefa de división del T-MEC.
En la parte final de la carta, realizó algunos cuestionamientos a la Representación Comercial de Estados Unidos, como cuándo se publicará la guía procesal final y por qué se está atendiendo a las peticiones antes de que se publique la misma; además de explicar su actuación contra México.
