El gobierno de Estados Unidos subió de tono en su desacuerdo en torno a la limitación de importaciones de maíz amarillo transgénico por parte de México, por lo que le solicitó consultas técnicas bajo el Capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) del tratado comercial que comparten los dos países junto con Canadá (T-MEC).
El Departamento de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) amagó que, de no llegar a un acuerdo, su gobierno no dudará en subir al siguiente escalón para recurrir a un panel de solución de controversias para garantizar el acceso del grano estadounidense a territorio mexicano.
Ante ello, la Secretaría de Economía (SE) aseguró que la solicitud realizada no es de carácter contencioso, sino una etapa previa, en la que se busca encontrar una solución de manera cooperativa y la dependencia mexicana aseguró que buscará demostrar con datos y evidencia que “no ha habido afectación comercial y que, por el contrario, el decreto es consistente con el propio tratado”.
El desacuerdo entre México y Estados Unidos surgió a partir de la prohibición del intercambio comercial y el consumo humano de maíz transgénico que se decretó en México el 31 de diciembre de 2020 y se modificó el 13 de febrero de 2023. Para el gobierno estadounidense, la falta de justificación científica para esta medida contradice las disposiciones del T-MEC en el Capítulo 9 del acuerdo comercial.
Analistas y empresarios del país coincidieron en que México sí está violando el acuerdo comercial con el decreto, por lo que llegar a un panel de solución de controversias es prácticamente inminente y con alta probabilidad de que el vecino país del norte salga vencedor.
Si sucede de esta manera, coincidieron, México tendrá que enfrentar represalias comerciales en sus sectores más productivos, como el agroindustrial, aunado a que cerrar las fronteras a las compras de ese grano sería catastrófico para la producción nacional de alimentos; esto último, alertó el Congreso Nacional Agropecuario (CNA).
En materia de capitales, los expertos aseguran que la solicitud de consultas no afectará las inversiones en el corto y mediano plazo; por el contrario, se envían señales de que existe el mecanismo suficiente para dirimir diferencias por la vía legal.
El Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés) refirió que “la solicitud de las consultas representa el próximo paso para abordar las preocupaciones de Estados Unidos con respecto a las políticas biotecnológicas de México”.
El titular de la USDA, Tom Vilsack, expuso que, si bien su gobierno aprecia el compromiso activo y sostenido con sus homólogos mexicanos en todos los niveles, el país vecino se mantendrá firme en su opinión de que la trayectoria biotecnológica actual de México no se base en la ciencia, que es el soporte del T-MEC.
“Seguimos siendo inequívocos en nuestra postura de que la ciencia en torno a la biotecnología agrícola se ha asentado durante décadas”, mencionó al asegurar que confía en que las preocupaciones de su gobierno se aborden por completo, pero advirtió que “de no ser así, “continuaremos tomando todas las medidas necesarias para hacer valer nuestros derechos bajo el T-MEC para garantizar que los productores y exportadores estadounidenses tengan acceso pleno y justo al mercado mexicano”.
El funcionario estadounidense refirió que una relación comercial agrícola sólida y transparente, basada en reglas y ciencia, es vital para garantizar la seguridad alimentaria, mitigar los efectos persistentes de la inflación de los precios de los alimentos y ayudar a abordar la crisis climática; “las innovaciones en biotecnología agrícola juegan un papel clave en el avance de estos objetivos globales críticos”, puntualizó.
El director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Fernando Haro, dijo a La Razón que cerrar la frontera a la importación de maíz amarrillo es “catastrófico” para la producción nacional de alimentos, y aseguró que es prácticamente imposible que algún día México sea autosuficiente en la generación de ese grano.
Añadió también que resulta cuestionable la afirmación del Gobierno federal en el sentido de que el Conacyt cuenta con alternativas para sustituir el uso del glifosato, toda vez que para concluir una investigación de esa magnitud se requieren entre 10 y 15 años.
Lamentó que decisiones tan trascendentales relacionadas con la producción alimenticia sean tomadas con base en ideologías carentes de conocimiento científico.
Haro destacó que el sector pecuario representa 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) agroalimentario a nivel nacional y se consume casi la totalidad de los 18 millones de toneladas de maíz amarillo que, en promedio anual, se importan desde Estados Unidos.
“Habría un impacto catastrófico para el sector pecuario y por ende para la producción de alimentos básicos como leche y carne, por ejemplo, si se llega a cerrar la frontera y carecer de abasto suficiente de maíz amarillo”, sentenció.
El director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya, explicó que México no ha presentado evidencias científicas de que el maíz transgénico dañe la salud, aunado a que de acuerdo con sus condiciones productivas no ha mostrado que logrará la suficiencia alimentaria.
Señaló que, a raíz del diferendo, los gobiernos de Estados Unidos y México seguramente llevarán a cabo un panel, en el que nuestro país podría tener mucha probabilidad de perder y poner en riesgo con aranceles a productos del sector agropecuario, agroalimentario y otros sectores; “consideramos que el diferendo es comercial y no político”, subrayó.
