La propuesta de aplicar un impuesto a las grandes fortunas por una sola vez tiene el noble objetivo de contar con recursos para enfrentar la emergencia sanitaria y económica en el país a consecuencia de la pandemia de Covid-19, pero su implementación puede resultar “catastrófica”, ya que afectaría a miles de ejidatarios y pequeñas y medianas empresas (Pymes), advirtió la empresa de consultoría TMSourcing.
En entrevista con La Razón, el presidente de la firma, Adolfo González Olhovich, estimó que, en principio, dicho gravamen podría aplicarse a unos 300 mil mexicanos que tienen más de 20 millones de pesos, así como a otros 750 que tiene más de mil millones de pesos, sólo considerando bienes líquidos.
No obstante, advirtió, su implementación sería compleja y podría volverse catastrófica si se aplica a los inmuebles, como casas, terrenos o empresas con valor por arriba de 20 millones, que es el monto mínimo del impuesto a las grandes fortunas, por lo cual consideró necesario primero definir el patrimonio a gravar y cómo será valuado.
Por ello, en vez de este impuesto, propuso un incentivo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta donde se establezca que, si se usan los rendimientos de bienes entregados en un fideicomiso privado, se destinen a financiar los programas y esfuerzos que el Gobierno federal o los estados generen para salir de la crisis financiera y económica, otorgando créditos a Pyme o invirtiendo en el capital de empresas mexicanas.
Recordó que la propuesta del dipu- tado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, consiste en aplicar una tasa del 2 por ciento para patrimonios entre 20 millones y mil millones de pesos, de 3 por ciento a los de entre mil millones y dos mil millones de pesos y una tasa máxima del 3.5 por ciento aplicable los mayores a dos mil millones de pesos, con lo cual estima una recaudación cerca de 100 mil millones de pesos.
Ante ello, afirmó González Olhovich, si no se hace una correcta definición de lo que es un patrimonio y cómo será valuado éste, el impuesto a las grandes fortunas podría afectar a más de dos millones de personas, ya que se aplicaría a centenares de miles de propietarios de casas por valor por arriba de 20 millones, a los ejidatarios, que son dueños de más del 55 por ciento del territorio nacional, así como a más de 100 mil Pymes.
“El impuesto a las grandes fortunas lo vemos difícil de implementar, pero sí puede haber mecanismos, que no son impuestos, para obtener quizá hasta más dinero del que se podría recaudar vía impuestos”, agregó el presidente de TMSourcing.
Aseguró que muchos mexicanos estarían en posibilidad de aportar a un fideicomiso privado para recibir un incentivo fiscal, con el fin de que los rendimientos que genere se destinen a financiar programas sociales del Estado para solventar los problemas causados por el Covid-19, así como dar créditos o invertir en Pymes.
