En México el personal que trabaja bajo el esquema de subcontratación, conocido como outsourcing, podría perder entre 41 y 58 mil pesos anuales en promedio en remuneraciones, y entre dos mil y tres mil pesos en prestaciones, como consecuencia de la tercerización de sus labores, estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En su estudio, el CIEP señaló que los trabajadores subcontratados tienen menor estabilidad laboral, mayores jornadas laborales y horas de trabajo no remuneradas, así como menor seguridad en los espacios de trabajo y mayor deterioro de la salud física y mental .
El centro de investigación refirió que durante los últimos años, un creciente número de personas se emplea mediante esquemas de subcontratación; en México, entre 2003 y 2018, el porcentaje de personal ocupado contratado bajo estos esquemas pasó de 8.6 por ciento a 17.3 por ciento.
No obstante, la subcontratación puede utilizarse como una forma de evasión e impacta el bienestar laboral de las personas empleadas bajo este régimen, añadió.
Expuso que algunos contribuyentes utilizan la subcontratación para evadir impuestos, además algunas empresas optan por este esquema para reducir el pago de las cuotas obrero-patronales de forma indebida.
En 2018, las agencias de empleo temporal y las firmas dedicadas al servicio de suministro de personal permanente pagaron seis mil 862 millones de pesos en contribuciones patronales a regímenes de seguridad social, esto representa 1.9 por ciento de lo ingresado por cuotas a la seguridad social en el mismo año.
Si la tasa de evasión por este concepto fuera de 20 por ciento, similar a la prevalente en el pago de ISR en personas morales, la recaudación perdida habría sumado mil 715 millones de pesos, estimó el CIEP.
En el marco de la discusión sobre la propuesta de reforma a la subcontratación, estudio arrojó que las afectaciones que este esquema causa sobre el bienestar material y subjetivo de los trabajadores, así como el erario público, ameritan un replanteamiento de la manera que se regula y fiscaliza esta forma de contratación.
