La suplantación de identidad registró un repunte entre 2016 y 2019 de 11.9 por ciento; sin embargo, de las reclamaciones hechas a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por este delito, se concluyeron 5 mil 640, de las que el porcentaje de resolución a favor del usuario en 2019 fue de 59.2 por ciento, cifra menor al 74.4 por ciento registrado en 2016.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), si bien la Condusef y la CNBV realizaron acciones para fortalecer las medidas gubernamentales para atender la suplantación de identidad de los usuarios de los servicios financieros, dichas acciones fueron insuficientes para conformar una política específica para prevenir, inhibir, mitigar o detectar situaciones que pusieran en riesgo la identidad del usuario, ya que las comisiones no definieron objetivos ni estrategias para prevenir y combatir el problema.
Lo anterior, pese a que en 2016 se firmaron las Bases de Colaboración en materia de Suplantación o Usurpación de Identidad, la Auditoría aseguró que no representó un esfuerzo adicional al desempeño que venían realizando la Condusef y la CNBV para coadyuvar a un marco de colaboración y coordinación para atender la suplantación de identidad, ya que, aunque tienen una participación fundamental en la implementación, registraron deficiencias en el cumplimiento de sus compromisos individuales y conjuntos.
“Existió un limitado avance en la conformación de una regulación específica en la materia, lo que le restó oportunidad al actuar de las comisiones; en el caso de la supervisión, las 8 visitas de inspección realizada por la CNBV y los 18 actos de vigilancia de la Condusef, fue un proceso eficaz para detectar y sancionar incumplimientos en la normativa, pero no fue un insumo para retroalimentar la programación de acciones para prevenir la suplantación de identidad y la CNBV no revisó a la totalidad de instituciones que a 2019 ya habían implementado mecanismos biométricos”, sostiene el reporte.
La Auditoría explicó que derivado de las 6 mil 546 reclamaciones por una posible suplantación de identidad a las que la Condusef atendió mediante el mismo número de acciones de defensa, las asesorías técnico-jurídicas, así como la defensa, presentaron deficiencias en términos de oportunidad, calidad y satisfacción del quejoso.
En cuanto al monto reclamado, la ASF señaló que se trató de 215 millones 178.5 mil pesos, de esta cifra únicamente se restituyó el 49.1 por ciento, cifra que fue 33 puntos porcentuales menos al 82.1 por ciento abonado en 2018.
Respecto a esto último, la ASF sostiene que podría asociarse con la falta de criterios de resolución en el proceso de gestión electrónica en el que se realizó el mayor número de acciones de defensa.
Como hechos posteriores, se verificó que la CNBV incluyó en su proyecto de Plan Institucional 2020-2024 una línea de acción relacionada con la prevención de suplantación de identidad y, para 2020, programó visitas de inspección, así como actos de vigilancia en la materia; en tanto que la Condusef llevó a cabo gestiones para medir la satisfacción de los usuarios en los procesos de asesoría y defensa e incluir en las encuestas preguntas en materia de suplantación de identidad, que le permitirán identificar acciones de mejora en la atención del usuario.
BASES DE COLABORACIÓN. El acuerdo para dar paso a las Bases de Colaboración en materia de Suplantación o Usurpación de Identidad fue firmado en 2016 con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); el Instituto Nacional Electoral (INE); la Asociación de Bancos de México (ABM); la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon); la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En 2017, el entonces senador por el PRI, Arturo Zamora, exhortó a la CNBV, a la Condusef, a la ABM y al INE a fortalecer los mecanismos de denuncia y coordinación, en casos de robo o extravío de credenciales de elector, para evitar su uso en fraudes, suplantación de identidad y otros delitos.
“Dicho convenio permite a los bancos y a otras autoridades financieras del país el poder verificar con la base del Registro Federal de Electores, si la credencial que presenta un usuario es falsa, clonada o tiene reporte de robo o extravío”, sostuvo en ese momento.
Asimismo, señaló que un año después de que se suscribió ese acuerdo, sólo un banco tenía un convenio con el INE para hacer uso de este servicio de verificación.
“A pesar de que el convenio con la Asociación de Bancos de México ya tiene varios meses en operación, se está subutilizando el mismo o existe un desdén de las instituciones bancarias para proteger a los usuarios ante este tipo de conductas delictivas”, explicó.
