México enfrenta un mayor riesgo de cambios regulatorios e intervenciones del Gobierno en ciertos sectores durante 2024, el último año del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual finaliza en septiembre, señaló la calificadora Moody’s.
El riesgo se intensificará a medida que la administración federal se apresure a completar sus proyectos emblemáticos y acelere los procesos administrativos, incluyendo el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico del Istmo de Santo Domingo de Tehuantepec.
Esta mayor velocidad aumenta el riesgo de injerencia del Gobierno, como la revocación de las concesiones de las empresas cuando están relacionadas con dichos proyectos.
“Esta intervención en el sector empresarial enfriará aún más la confianza de los inversionistas”, dijo la calificadora.
En su opinión, la industria minera corre mayor riesgo de una posible intervención pública. En abril de 2023, el Congreso modificó, por orden del Gobierno, leyes específicas que rigen la industria, lo que permitió acortar las concesiones mineras de 50 a 30 años y les dio a las autoridades más flexibilidad para cancelar las concesiones.
Las nuevas leyes no tendrán un impacto inmediato en la calidad crediticia de la industria minera de México, pero aumentan el riesgo de una menor rentabilidad de los futuros proyectos de las compañías mineras que operan allí. La productividad y la rentabilidad del sector ya se habían visto presionadas por una reforma del 2021 que limitaba la capacidad de las empresas de subcontratar mano de obra, dijo Moody’s.
La agencia financiera también anticipó que el Gobierno alegue cuestiones de seguridad y corrupción para seguirles transfiriendo a las Fuerzas Armadas de México el control de las operaciones y, en algunos casos, la propiedad de ciertos proyectos e infraestructura estatales.
“Las decisiones que contribuyan a un entorno operativo incierto y las limitaciones de infraestructura reducirán los beneficios del nearshoring”, expuso en un análisis.
En el reporte dijo que, tras una fortaleza “impresionante”, la economía mexicana se desacelerará en 2024, una opinión que comparte el grueso de los analistas del mercado. Sin embargo, acotó, es probablemente que el Banco de México retrase los recortes de tasas debido a la inflación persistente y una actividad económica sólida.
Preocupa a IP eliminación de autónomos
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestaron su rechazo a la propuesta del Ejecutivo de eliminar los organismos reguladores autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Sin ellos, dijo el CCE, México no estaría beneficiándose de la inversión y de la generación de empleos derivados de la relocalización de empresas.
Asimismo, han contribuido a aumentar la oferta de bienes y servicios, particularmente de las pequeñas y medianas empresas del país, en favor de los consumidores.
Por su parte, el IMEF expuso que la aprobación de la iniciativa comprometería la estabilidad y el desarrollo económico del país, además de generar incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas. “... También iría en contra de los principios constitucionales de competitividad”, advirtieron los ejecutivos de finanzas.
Aunado a ello, el IMEF comentó que podría afectar la atracción de capital necesario para una expansión sostenible de la economía, dejando pasar la oportunidad única de México de crecimiento propiciada por el nearshoring.
Con información de Ivonne Martínez