Durante las tres semanas que durarán las restricciones sobre las actividades no esenciales en el Valle de México, se perderán 150 mil empleos en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), los cuales se sumarán a los 2.5 millones que se destruyeron por la crisis de Covid-19, estimó Alejandro Salcedo, presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme).
La eliminación de las 150 mil plazas responde al cierre definitivo que padecerán 50 mil unidades de este tipo, sólo del 19 de diciembre de este año al 10 de enero de 2021, y se traducirá en una merma de 25 mil millones de pesos, añadió.
Los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México declararon de manera conjunta el cierre de actividades no esenciales. En las próximas tres semanas sólo podrán operar comercios dedicados a la distribución de alimentos a domicilio, medicinas, servicios financieros y funerarios; mientras que las tiendas departamentales, plazas y centros comerciales permanecerán cerrados.
“Fue un decreto que nos tomó con la mano en la cintura, sin ningún respiro. Insistimos en que se deben generar políticas públicas para el rescate de la economía, ya ni para mantenerla. Ver cómo vamos a generar y reactivar el empleo y establecimientos perdidos”, demandó a las autoridades.
En entrevista con La Razón Alejandro Salcedo comentó que estimaban cerrar el año con 500 mil MiPymes menos, pero con las nuevas medidas restrictivas la cifra podría aumentar hasta 600 mil micro, pequeños y medianos establecimientos en cierre total. Los sectores más afectados serían el de servicios y el industrial.
Hasta 2019, en México el sector de las Pymes generaba 72 por ciento del empleo; además de que representa 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El presidente de la Alampyme señaló que su principal preocupación es que no se conoce cuál es la estrategia del Gobierno (federal y local) para amortiguar la crisis que se va a provocar con los nuevos cierres, pues afirmó que sus esquemas de ayuda financiera de 25 mil pesos no funcionaron, ya que necesitan de entre 50 mil y hasta 300 mil pesos para subsistir.
“El Presidente no nos ha volteado a ver. Nos ha tasado en las mismas condiciones y consideraciones que a la Iniciativa Privada. Desde marzo le hemos pedido que nos reciba en Palacio Nacional, pero no tenemos respuesta. Sólo se reúne con la cúpula empresarial para atender lo que a ellos les afecta. No estamos de acuerdo y le pedimos que mire al pequeño y mediano empresario, como estamos sufriendo con la crisis”, manifestó.
Salcedo también aseveró que si no se da un apoyo a los pequeños empresarios, como incentivos fiscales y aplazamiento en pagos de servicios, tendrán que recurrir a dejar de pagar impuestos, incluso, llegar a un consenso con sus trabajadores sobre el nuevo salario mínimo, que aumentó 15 por ciento para 2021, pues de otra forma no podrán soportar el gasto.
En este sentido, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) señaló que con este nuevo cierre, se espera que a finales del año haya 20 mil restaurantes menos en el Valle de México.
En charla con este diario, Francisco Fernández, presidente del organismo, explicó que con el primer cierre que se observó entre marzo y abril, de los 90 mil establecimientos que había en la Zona Metropolitana, 13 mil desaparecieron definitivamente; con este nuevo cierre, 7 mil se sumarán a esa lista de negocios desaparecidos.
“La decisión fue tan sorpresiva que no supimos a qué hora nos tomó. No nos esperábamos esto, porque como lo hemos mencionado, pensamos que los contagios están en las calles, no en lugares protegidos. Es decir, la parte formal está pagando lo que hace la parte informal”, explicó el empresario.
En 2019 habían 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos; sin embargo, la Encuesta sobre el Impacto Generado por Covid-19 en las Empresas reveló que un millón 010 mil, o 20.81 por ciento del total, cerraron sus puertas. Sólo cinco entidades del total del país tuvieron menos de 20 por ciento de establecimientos comerciales bajaron la cortina indefinidamente; siendo Quintana Roo y Baja California Sur los estados más afectados.
