El paquete económico para 2022 tiene una visión de corto plazo, centrada en sólo estimular el crecimiento y la recuperación de la economía, con una miscelánea fiscal con la cual el Gobierno ya enterró una reforma en la materia en lo que resta del sexenio, afirmó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El director general del CIEP, Héctor Villarreal, consideró que quienes aspiren a ser presidentes en 2024 tendrán que suscribir un acuerdo institucional antes de que empiecen las campañas políticas para comprometerse a solucionar los riesgos que enfrenta actualmente el sistema fiscal, como el de las pensiones, ya que uno de cada cinco pesos del Presupuesto se va para pagarlas.
“No queremos ser alarmistas, queremos reconocer que es un paquete que está muy centrado en 2022, en una apuesta de recuperación de crecimiento y pareciera que los dos siguientes años la idea es ‘vamos a viendo cómo cerrar, qué hacer, cómo ir parchando o en qué temas se puede trabajar’”, agregó en rueda de prensa.
Ante los riesgos que enfrenta el sistema fiscal, como el creciente gasto en pensiones, la necesidad de fortalecer las haciendas locales o el crecimiento del servicio de la deuda, “la presidenta o presidente que llegue en el 2024 no va a querer hacer un paquete económico, porque cuando le toque escribir el de 2025 va a ser muy complicado”, añadió.
El directivo consideró que el pago de pensiones equivaldrá a 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país en tres años, debido a la cantidad de cuentas que hay en institutos públicos más los programas sociales que implementó la actual administración. Para el próximo año se calcula que sea igual a 1.4 billones de pesos, contemplado los apoyos del Gobierno. «Al ritmo de crecimiento actual del gasto, para 2024 se destinarán el doble de recursos para pensiones que para educación».
Respecto a la miscelánea fiscal, Héctor Villarreal comentó que no estuvo enfocada para hacer frente a estos problemas de gasto. Si bien cuenta con aspectos destacables, como el aumento en la base de contribuyentes y la simplificación de trámites, reiteró que hicieron falta aspectos que le dieran sostenibilidad al sistema fiscal.
Expresó su preocupación respecto a que en el país se redistribuye poco, lo que dijo es uno de los pendientes que se tienen en la materia; además, mencionó que el efecto redistributivo termina siendo muy pequeño para un país con las desigualdades que tiene México.
Bajo este escenario, el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria descartó que en 2023 se pueda volver a presentar un superávit primario, ya que para el actual ejercicio fiscal y el del próximo año las autoridades esperan un déficit de 0.4 por ciento y 0.3 por ciento del PIB, respectivamente.
Según los Criterios Generales de Política Económica sería hasta dentro de dos años cuando se logre un superávit primario de 0.3 por ciento del PIB, por lo que es lejano lo logrado de forma consecutiva de 2017 a 2020.
Por otro lado, el CIEP apuntó que anclar la deuda en 51 por ciento del Producto Interno Bruto no significa que la deuda no crezca. En términos reales, dijo, ésta aumentaría en promedio 2.3 por ciento durante cada año a partir del cierre de 2021 y hasta 2027. “Sólo el indicador de la deuda como porcentaje del PIB permanecería constante”.
