Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá están en alerta por la posible intención de México de limitar la importación de más productos genéticamente modificados, sin demostración científica de que causan daño a la salud humana y animal, afirma el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya.
México importa, principalmente, maíz, canola, algodón y soya transgénicos, así como semillas de girasol, remolacha, caña de azúcar, papaya y jitomate, de acuerdo con información de la firma.
En entrevista con La Razón, explicó que la preocupación de Canadá radica en que México es su principal comprador de canola transgénica; en tanto que Estados Unidos exporta al país 96 por ciento del maíz amarillo para uso pecuario.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, ha señalado que pretende, para el 2024, prescindir de las compras a Estados Unidos de maíz amarillo.
Para ello tendría que demostrar científicamente que causa daños a la salud animal y humana; “y no lo podrá hacer”, asegura Anaya, pues estudios de ese calado conllevan, por lo menos, una decena de años.
“El trasfondo, en el caso de México, es meramente ideológico y hoy lo que ha hecho es activar un tema que Estados Unidos lo está politizando”, dice.
En ambos casos, el Gobierno de México se daría “un balazo en el pie”, ya que no podría sustituir, para el 2024, las importaciones de maíz amarillo, ni las de canola, con “graves” consecuencias para los productores y el consumidor final.
“El conflicto verdadero entre los dos países de América del Norte es la falta de principios por parte de México; una profunda preocupación por el incumplimiento del T-MEC”, añade.
Los desacuerdos comerciales han derivado en un diferendo de Estados Unidos y Canadá contra México en torno al maíz transgénico, que la semana pasada escaló a una fase de consultas técnicas, un episodio contencioso luego de que ambas naciones solicitaron este proceso en el marco del T-MEC.
“Para los estadounidenses, no es tanto lo comercial; el tema es la resistencia a la biotecnología, ya sea para consumo humano o animal, sin que México demuestre de manera formal que causan daños a la salud”, expone.
“En tanto que Canadá se está adelantando a los posibles hechos, porque nos venden 1.6 millones de toneladas de canola. Por eso se unió a la demanda de Estados Unidos; está tomando sus providencias, porque vislumbran que, después del maíz, México puede prohibir o limitar también las importaciones de canola”, considera el especialista líder de GCMA.
Trabas desde años atrás
Desde el 2018, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no permite el ingreso de nuevos organismos genéticamente modificados (OGM), a pesar de que no cuenta con análisis de riesgo, ni evidencia científica que respalde su decisión, señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Mientras que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria no ha autorizado permisos de liberación de OGM al ambiente desde abril del 2019.
“Desde esos años no han dado permisos nuevos para la importación de nuevos organismos; eventualmente, la autoridad sí podía dar negativas para importar, pero con argumentos científicos”, explicó en entrevista con La Razón la coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Imco, Ana Bertha Gutiérrez.
En agosto, definición
El desacuerdo por el maíz entre los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en contra de México los llevaría a un panel de solución de controversias. Un fallo de este tipo podría darse a conocer hasta el próximo sexenio, considera Anaya.
En el Capítulo 31 (Resolución de controversias) del T-MEC se establece el proceso de solución de controversias, donde los países miembros deben cooperar y realizar consultas para alcanzar un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación del tratado.
Según el artículo 31.4 (consultas), la parte en desacuerdo, en este caso Estados Unidos y Canadá, deberán presentar una consulta estableciendo las razones de la solicitud con fundamentos jurídicos que sustenten la reclamación.
Las consultas se celebran, a más tardar, 30 días después de que México recibió la solicitud de su implementación. Durante el proceso, Estados Unidos, Canadá y México deben proporcionar información suficiente para realizar un análisis completo de cómo el asunto en cuestión afecta el funcionamiento del T-MEC, y se buscará evitar una solución que afecte los intereses de las partes involucradas.
De ser necesario, Estados Unidos o Canadá pueden solicitar a México poner a disposición al personal de sus agencias gubernamentales, o de otros organismos reguladores, que tengan conocimiento de la materia.
Posterior al inicio de las consultas –que puede ser hasta 30 días después de solicitarse–, se tienen otros 45 días para que las partes involucradas debatan respecto al diferendo.
De acuerdo con el artículo 31.6 del T-MEC, si el asunto no se resuelve en esos 75 días, el Gobierno de Estados Unidos y Canadá podría solicitar el establecimiento de un panel de solución de controversias, lo cual se conocería a mediados de agosto próximo.
