La Reforma Energética que fue aprobada en la Cámara de Diputados y turnada al Senado, significará un “autogol” para México en la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) planeada para 2026, ya que podría incurrir en prácticas monopólicas que afecten las inversiones privadas, lo que abriría la puerta a posibles paneles contra el país.
En entrevista con La Razón, Ramsés Pech, experto de la Consultora Caraiva y Asociados, sostuvo que en el caso específico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ésta tiene control sobre más del 75 por ciento de la electricidad generada, por lo que no se debe confundir con el 54 por ciento planteado en el Artículo 25 de dicha reforma (54% Pemex y 46% privados), ya que ese porcentaje señalado por la autoridad hace referencia a la capacidad instalada.
“El mercado de generación de electricidad no se centra en cuántas plantas instaladas, sino en cuánto produce, y en cuanto a tu eficiencia operativa para despachar en el mercado”, sostuvo.
Actualmente, el único participante que puede vender la electricidad a usuarios domésticos es la CFE, mientras que en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) carece de competencia en la extracción y producción de crudo o gas natural. “Este mercado no es dónde los privados compiten, sino más bien en la venta o distribución de combustibles, donde más del 75 por ciento de los ingresos de la empresa estatal se deriva de esta actividad”, sostuvo el experto.
Por su parte, Gonzalo Monroy, director general de GMEC, empresa consultora del sector energético, señaló a La Razón, que la modificación que plantea que las empresas productivas del Estado vuelvan a ser empresas públicas se definirá, probablemente, en una reforma secundaria, pero al realizar estas modificaciones, se permitiría que ambas empresas, realicen proyectos que no cuenten con criterios de rentabilidad afectando así a las finanzas públicas.
“En otras palabras pueden aprobar proyectos que aun a sabiendas de que van a perder dinero, los pueden realizar y con esta excepción le pueden dar la vuelta al Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria, en la que se basa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para crear el presupuesto y después mandarlo a la Cámara de Diputados, le van a meter gol al Congreso mexicano y por ende a las finanzas públicas y a la ciudadanía, al proponer y aprobar proyectos que no son rentables”, aseguró.
Monroy explicó que otro de esos proyectos no rentables es la extracción de litio, pues a pesar de que el Gobierno federal pretende no otorgar concesiones a la Iniciativa Privada (IP), si se quiere iniciar la exploración de las reservas en arcillas, será necesario utilizar tecnologías muy específicas que sólo empresas de la IP poseen, entonces se tendría que recurrir a las asociaciones público-privadas.
Añadió que en Chile hay un proyecto similar, pero si el metal se quiere usar como insumo en los semiconductores o baterías, se debe tener un grado de pureza que sólo puede llevarse a cabo con procesos y tecnologías específicas que sólo algunas empresas poseen.
Entonces, de no recurrir a las asociaciones con la IP, actualmente no hay forma de saber cuánto “petróleo blanco” se puede obtener por tonelada, “nadie lo sabe, porque como esa tecnología no se ha desarrollado, México tendrá que ser pionero en desarrollarlo” y el costo será alto, en el caso chileno, un solo proyecto puede llegar a costar alrededor de 10 mil millones de dólares, aseguró Monroy.
Además, sostuvo que en materia eléctrica se ha colocado el término de prevalencia de lo público sobre lo privado, pero en lo que se aprobó en la Cámara de Diputados no hay nada claro, y estimó que ha sido un término que fue utilizado para que en la reforma secundaria que se hará en la ley de la industria eléctrica pase. “Lo que la Corte había dicho que era inconstitucional ahora lo van a volver constitucional, le están dando ese paraguas”.
Explicó que las únicas dos ganadoras con esta reforma son Pemex y CFE; porque el erario, consumidores, inversionistas y el T-MEC, “todos los demás pierden”.
Respecto a “la integración vertical de las empresas públicas del Estado para operar y administrar de manera más eficiente los recursos públicos”, Monroy, dijo que esta “integración” podría venir en la Ley de la Industria Eléctrica, y significaría que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dejará de ser independiente, pues se integraría a la CFE.
