Otto Granados
Una reforma educativa pasa por varias etapas. El diseño conceptual y estratégico, los cambios al marco normativo, la instrumentación y la evaluación y el seguimiento. Y en sistemas descentralizados, como lo evidencia la experiencia latinoamericana, en casi todas ellas el papel que jueguen los gobernadores es decisivo para el éxito de la reforma. Algo que, por cierto, no parece estar ocurriendo en México. Veamos.
Desde que se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, en 1992, la administración de este servicio fue vista con indiferencia, cuando no con franco desagrado, por la mayoría de los gobernadores. Las razones fueron varias: desinterés por el tema, cálculos en el sentido de que no es una política rentable, necesidad de aportar recursos extraordinarios, así fueran mínimos, y la monserga de negociar con el sindicato magisterial, entre otras. De hecho, no son pocos los Ejecutivos estatales que en estos veinte años han amenazado, de dientes para afuera, con denunciar dicho acuerdo y regresarle la educación al gobierno federal.
Como salida práctica, lo que entonces hicieron fue entregarle el manejo de las secretarías educativas estatales al propio SNTE y abrir una creciente bolsa presupuestal para mantener la paz sindical, lo que dio origen a la llamada doble negociación salarial. Más aún: tras la creación del partido Nueva Alianza, añadieron a la agenda los arreglos electorales que le han dado a los partidos gobernantes a nivel estatal unos puntos adicionales en los comicios locales.
Para los gobernadores, en suma, una reforma educativa que cambie las reglas del juego en la asignación de plazas o en la evaluación docente y que introduzca mayores exigencias en la prestación del servicio no constituye incentivo alguno para involucrarse en ella ni mucho menos para comprometerse en que salga bien. No es accidental que, a diferencia de las otras reformas anunciadas en lo que va de este gobierno, los gobernadores hayan guardado absoluto silencio en expresar abiertamente su apoyo a esta.
Por ello, la eficacia de la reforma dependerá en buena medida de crear los mecanismos necesarios en las leyes secundarias que discutirá el Congreso en las próximas semanas para hacer a los gobernadores verdaderos corresponsables de ella, para crear un sistema que estimule o sancione su desempeño en la instrumentación, que perfile una especie de servicio civil en el nombramiento de los secretarios estatales de educación, que impida la doble negociación salarial y que genere, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, un rediseño de la fórmula con que hoy se distribuye el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica.
De otra manera, la reforma corre el serio riesgo de estancarse a la hora de su instrumentación y los gobernadores se convertirán en su principal enemigo.
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