Carlos Bravo Regidor
Plantear el problema de las afectaciones viales provocadas por las protestas de la CNTE como un problema que contrapone dos derechos irreconciliables, el derecho al libre tránsito de los automovilistas contra el derecho a la libre manifestación de los maestros, es llevar las cosas a un punto muerto que sólo admite una salida autoritaria: poner los derechos de unos por encima de los derechos de otros. ¿Que eso es precisamente lo que han hecho los agremiados de la CNTE durante los últimos días, poner su derecho a protestar por encima del derecho a transitar de los capitalinos afectados por sus protestas?
Pues bien, de ser así —y hay mucha gente que lo ve así—, entonces habría que preguntar si la solución está sólo en invertir los términos del problema, es decir, en poner el derecho al libre tránsito por encima del derecho a la libre manifestación, o si, más bien, la solución pasa por renunciar a poner el problema en esos términos.
Porque lo primero equivale a suponer que entre los derechos hay niveles, que unos valen más que otros. Pero ¿quién decide ese valor y conforme a qué criterio? ¿Las mayorías o las minorías, los activistas o los apáticos, los que usan el espacio público para trasladarse o los que lo usan para protestar, los organizados o los dispersos? ¿Y de lado de quién debe estar la fuerza pública? ¿Por qué?
Lo segundo, en cambio, equivale a asumir que entre los derechos no hay, no puede haber, jerarquías. El problema deja de ser entonces un juego de suma cero, donde la afirmación de un derecho implica la negación de otro, para convertirse en un problema de convivencia democrática, donde el papel de la fuerza pública no es estar del lado de nadie sino tratar de concertar en la medida de lo posible los derechos de todos.
La negligencia de la autoridad para mitigar las afectaciones provocadas por las protestas de los últimos días es enteramente condenable. Pero igual de condenable sería que la autoridad interviniera, con tal de que no hubiera afectaciones, para impedir las protestas.
Vivir en un régimen de libertades entraña costos. Y entre ellos está admitir que nuestros derechos no son absolutos, que no podemos imponerlos por encima de los de los demás.
La democracia, a fin de cuentas, es una forma de organizar el conflicto. No de ignorarlo… pero tampoco de erradicarlo.
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