Luis de la Barreda Solórzano
Creo que una de las razones más importantes por las cuales en varias entidades de nuestro país se han disparado ciertos delitos, tales como el secuestro y la extorsión, es la de que las víctimas se sienten absolutamente indefensas frente a los criminales, pues les parece que denunciar el delito y solicitar auxilio a la autoridad no sirve de nada o incluso es contraproducente.
Sufrir un delito, o padecer la amenaza de un delito, y sentir que no hay ninguna instancia a la cual acudir, produce una amarga sensación de que se vive a la intemperie, a merced de hampones sin escrúpulos.
Ante el vacío de autoridad y los elevados índices de impunidad, a los delincuentes no les inhibe saber que su delito se castiga en los códigos penales con penas sumamente severas: esas penas están previstas en la ley, pero confían que a ellos no les serán aplicadas.
Cuando la criminalidad y la prepotencia de sus autores rebasan ciertos límites, como ha ocurrido en Michoacán, el gobernador lanza un SOS desesperado al Gobierno Federal, para que se haga cargo de apagar el incendio.
Las fuerzas federales atienden el llamado y, en el mejor de los casos, los malhechores se retraen, disminuyen sus actos de barbarie, no pasean su insolencia a la luz del día por plazas, calles y avenidas.
Pero al retirarse la autoridad federal, los criminales salen de sus madrigueras y vuelven a hacer de las suyas. Ni la policía estatal ni las policías municipales tienen la capacidad —salvo en contados casos— de enfrentarlos, replegarlos, detenerlos y ponerlos a disposición de un juez.
Si no me equivoco en las observaciones anteriores, es necesario que todo el tiempo esté presente, en todo el territorio de la república, una policía nacional en la que los gobernados tengan confianza, la cual esté en condiciones y en aptitud de protegerlos y atenderlos sin dilación y con eficacia.
No estoy insinuando que deban desaparecer los cuerpos policiacos estatales y municipales. Lo que creo es que deben ser coordinados por esa policía nacional.
Para que la policía nacional que aquí se sugiere tenga las cualidades indispensables para cumplir una labor tan importante, es imprescindible que la capacitación y la selección de sus miembros, los salarios y las prestaciones de éstos, y los recursos de que se le dote, sean los óptimos.
Desde luego, lo señalado en el párrafo anterior no supone que las policías locales deban seguir en la deplorable situación en que se encuentran (con muy pocas salvedades, como la de Nuevo León). La profesionalización de todas las policías mexicanas, de cualquier nivel, y las condiciones laborales justas para todos sus integrantes, son una necesidad urgente.
Condición indispensable para que la seguridad pública se restablezca allí donde se ha hecho añicos, es que el Estado retome el control de las calles, las plazas, las carreteras, los senderos, los aeropuertos, los puertos y, sobre todo, de todas y cada una de las corporaciones policiacas. No creo que ese ambicioso objetivo sea alcanzable sin la presencia constante y suficiente en todo el país de una policía nacional altamente profesional y, por ende, confiable.
lbarreda@unam.mx