Luis de la Barreda Solórzano
Lo que ha estado ocurriendo en la Tierra Caliente de Michoacán es de película del Viejo Oeste. Hace unos años, si alguien lo hubiera predicho, hubiéramos pensado que estaba delirando.
Por una parte, grupos criminales que medran con el tráfico de drogas, los secuestros y las extorsiones, que se llevan muchachas a las que luego devuelven embarazadas, que hacen cómplices de sus actividades delictivas o atemorizan a las autoridades municipales, y que tienen aterrorizada a la comunidad, la cual se ha visto totalmente indefensa ante esa barbarie. Y, por otro lado, grupos que se han organizado para enfrentarlos proveyéndose de armamento de alto poder cuya sola posesión constituye delito, que cuentan con el respaldo de una parte considerable de la población, y que toman pueblos, a veces a balazos, para liberarlos y protegerlos de los criminales.
Lo que se ha señalado respecto de los riesgos que se corren con particulares levantados en armas es cierto. Sin control alguno por parte de las autoridades, sin mecanismos de selección, sin sujeción a reglamentos ni a protocolos de actuación, los grupos de autodefensa pueden degenerar en nuevas bandas delincuenciales que se sumen en sus acciones lesivas a los que ahora están combatiendo. Por eso la ley otorga en exclusiva al Estado la facultad de proteger a los habitantes contra la delincuencia y perseguir a los delincuentes. De otra forma, si para defender la vida, la libertad y los bienes cada quien se ha de arreglar como pueda, finalmente triunfan los más fuertes, que suelen ser los más inescrupulosos, los más crueles y despiadados.
Recordemos una vez más lo que sucedió en Colombia. Terratenientes, productores y comerciantes formaron pequeños ejércitos privados para que los defendieran de los secuestros, las extorsiones y los robos de las FARC, y al cabo de los años los miembros de esas fuerzas también incurrieron en graves delitos. Sin embargo, no sé si se hubiera producido en Tierra Caliente la intervención contundente del Gobierno Federal, como hoy la estamos observando, de no haber actuado las autodefensas. Hace ya algunos años que los criminales hacen de las suyas sin que las autoridades hayan reaccionado sino con la presencia esporádica de militares y policías federales. El presidente Felipe Calderón, que hizo de la seguridad pública una de las banderas más importantes de su gobierno, fracasó en su empeño de poner en paz al estado que lo vio nacer.
Es probable que la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán haya sido motivada principalmente por la proliferación de destacamentos de ciudadanos armados que decidieron asumir la tarea que los gobiernos federal y estatal no estaban llevando a cabo. Nadie en esos grupos es la madre Teresa de Calcuta. Algunos de los integrantes tienen antecedentes penales. Pero parece buena medida que se haga un censo de todos ellos, que a partir de ahora se les mantenga supervisados y que se aproveche la información que aporten. Al final de la película habrá que desarmarlos o incorporarlos a las corporaciones de seguridad pública si cumplen con los requisitos exigidos a cualquier aspirante. Lo importante es que hoy el Estado parece decidido a retomar el control de los territorios y las instituciones.
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