Luis de la Barreda Solórzano
Las 26 mujeres rescatadas en un operativo contra la trata de personas del Calígula Men’s Club, un table dance de la Colonia Roma, se resistían al rescate y gritaban: “¡Estamos aquí por nuestro gusto! ¡Ayúdennos!”.
La fiscal anti-trata, Juana Camila Bautista, aseveró que esos gritos eran “la estrategia que ellas utilizan, por consejo de los abogados de los dueños de los establecimientos, para que precisamente conflictúen (sic) y compliquen la situación: es nada más una estrategia de los abogados sobre qué decir y qué hacer en caso de operativos”.
La trata de personas es un delito muy grave, por lo que el Código Penal del Distrito Federal le asigna una punibilidad de 10 a 15 años de prisión y multa de cien a quinientos días (el día multa equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de cometer el delito). Si la víctima es menor de edad, o es incapaz de comprender el significado del hecho o de resistir la conducta delictiva, las penas se aumentan hasta en una mitad. Las conductas delictivas consisten en promover, facilitar, solicitar, ofrecer, conseguir, trasladar, entregar o recibir, para sí o para un tercero, a una persona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva, o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes. En la hipótesis de sometimiento a explotación sexual, la víctima es coaccionada a realizar los actos sexuales de los que se beneficia el autor del delito, pues someter a una persona significa hacer que soporte cierta acción, y soportar cierta acción es sufrirla. Sin coacción no hay delito.
Días después del rescate en el Calígula, bailarinas, meseros, guardias de seguridad y empleados administrativos de varios table dance marcharon en Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia, exhibiendo pancartas con la solicitud de que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no aplique más operativos. Un grupo de granaderos les impidió llegar al Zócalo. En los volantes que distribuyeron, los manifestantes decían que trabajaban en esos sitios para pagar sus estudios o para sostener a sus familias y sin que nadie los obligara. El mismo día de la manifestación, al menos 20 table dance de la Ciudad de México decidieron no abrir para evitar que sus trabajadores y sus clientes fueran detenidos en una posible nueva redada.
La trata de personas es un delito aborrecible que debe perseguirse con todo rigor, pero lo que es inaceptable es que se cierren centros de trabajo que funcionan legalmente, se detenga a personas que no han delinquido imputándoles un crimen gravísimo y se rescate contra su voluntad a quienes laboran en dichos centros. Las feministas han exigido con razón que no haya impunidad para aquellos que bajo coacción reclutan, trasladan o retienen mujeres a las que fuerzan a ofrecer servicios sexuales. Pero ni toda bailarina de un table dance ofrece tales servicios ni todas las prostitutas están en ese oficio —del que se dice que es el más antiguo del mundo— contra su voluntad.
El Estado debe proteger la vida, la integridad, las libertades y los demás bienes de los gobernados, pero no está entre sus atribuciones—pues coartaría la libertad, como advierte Gil Gamés (La Razón, 3 de marzo)— la de imponerles comportamientos virtuosos ni la de rescatar de actividades que cierta moralina considera poco edificantes a quienes no quieran ser rescatados.
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