Luis Sánchez Jiménez
El 27 de noviembre, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó diez medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México. La primera medida de su decálogo pretende expedir la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales, y para ello presentó al Senado la iniciativa de reforma constitucional a los artículos 105 y 115, que permitirían la intervención de la Federación en los municipios en caso de infiltración del crimen organizado (sic).
El centro de la propuesta de Peña Nieto es añadir un párrafo al artículo 115 constitucional que permita a la Federación asumir las funciones totales o parciales del Municipio (sic), tan sólo por advertir indicios que lleven a pensar que existe infiltración del crimen organizado en las actividades municipales. Así, sin defensa jurídica alguna, el Ayuntamiento puede ser intervenido si el Fiscal General de la República y el Secretario de Gobernación lo estiman procedente , dando parte al Senado para que apruebe tal intervención temporal o parcial.
Primero hay que tener precisión en las palabras. El término correcto es “delincuencia organizada” y no “crimen organizado”. La delincuencia es organizada porque establece vínculos y asociaciones en todos los niveles que le son necesarios y utiliza el soborno, la intimidación y la violencia para cumplir sus fines y no se detiene en los municipios, llega también a los gobiernos estatales y el federal, alcanza al poder político y también al militar, infiltra a empresas, a las iglesias, a los bancos, en suma, a la sociedad en su conjunto y se favorece con actos de corrupción para lograr la impunidad y continuar extendiendo sus actividades ilegales.
Tendríamos que hacer, también, una ley para evitar la infiltración en los gobiernos estatales, en el federal, en el Poder Legislativo y también en el Judicial, en la vida económica y, en suma, en la sociedad. La crisis por la que atraviesa el Estado mexicano no se va a resolver con leyes parciales como la que propone Peña Nieto, mucho menos con contenidos autoritarios y retrógradas que no dañan en nada el pacto de impunidad y conveniencia mutua que rige en varias regiones de nuestro país.
Lo que propone Peña Nieto es un retroceso absoluto que anula de facto la esencia del municipio libre y rompe el pacto federal con el que está construido nuestro sistema. No evita la infiltración de la delincuencia organizada, más bien establece una forma de golpe de Estado municipal que dejaría el poder en manos de un sujeto intermedio entre la Federación y el municipio, como ocurre en los hechos con la figura del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán.
La delincuencia organizada tiene infiltrados a los tres órdenes de gobierno, su expresión más grave, la narcopolítica, ha tenido y tiene vínculos con gobernadores y militares, incluso un zar antidrogas mexicano fue condenado por sus vínculos con la delincuencia. La sociedad mexicana exige soluciones viables y reales. Lo que Peña Nieto propone es más autoritarismo. Los legisladores del PRD estamos llamados a trabajar con la mayor responsabilidad y creatividad en este momento crucial de México.
• Senador de la
República por el PRD
