Enrique Andrade González
El concepto de integridad electoral guarda especial interés por los requisitos indispensables para una democracia saludable, entre los que figuran paz y seguridad, desarrollo económico, Estado de derecho y respeto por los derechos humanos así como celebración de elecciones libres y periódicas.
Hoy en día existen cinco importantes desafíos para la integridad electoral en las democracias del mundo. El primero es la necesidad de un Estado de derecho con pleno respeto a los derechos humanos, es decir, que exista igualdad de los ciudadanos ante la ley y respaldo pleno a los derechos fundamentales. El segundo es la imperiosa necesidad de que los países cuenten con organismos electorales profesionales e independientes, que garanticen comicios creíbles. El tercer desafío son las normas para la competencia multipartidaria y una efectiva división de poderes, con normas e instituciones que incentiven la competencia multipartidaria. Como cuarto desafío destaca la eliminación de barreras jurídicas, administrativas, políticas, económicas y sociales que obstruyan la participación política igualitaria; para que lo anterior se cumpla, las democracias tienen el reto de eliminar barreras que impiden una mayor participación de las mujeres y de grupos minoritarios, y extender sus derechos políticos a otros segmentos, como los ciudadanos que por alguna razón residen fuera de su patria. Por último, el quinto desafío es la regulación del financiamiento, que permita dar respuesta a la grave amenaza que supone el financiamiento —muchas veces incontrolado, oculto e indebido— en campañas políticas.
Con respecto al desafío inicial —ple-na igualdad ante la ley y respeto a los derechos fundamentales—, en México tenemos una importante referencia a través del principio pro persona que reconoce nuestra Constitución Política. Este fundamento obliga al Estado mexicano a respetar y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por otra parte, en nuestro país contamos con una institución electoral de carácter nacional que acumula la experiencia positiva de profesionalismo y disciplina del IFE; de esta manera el INE garantiza altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral y preserva la confianza de la sociedad. El Sistema Nacional Electoral, integrado por el Instituto Nacional y los organismos electorales de las 32 entidades federativas, tiene el compromiso y es la responsable de instrumentar elecciones bajo los principios de legalidad, imparcialidad, certeza, objetividad, transparencia y máxima publicidad. México tiene hoy una plena competencia multipartidaria y una efectiva división de poderes.
En un afán por alcanzar una mayor integridad electoral, en el país se trabaja por eliminar barreras —jurídicas y administrativas— que impiden una mayor participación política de más mexican@s. El artículo 41 de nuestra Constitución establece la obligación de los partidos políticos de reservar el 50 por ciento de sus candidaturas a las cámaras de Senadores y Diputados —así como a los congresos locales— a mujeres. Lo anterior permite garantizar el empoderamiento femenino en materia de paridad en las elecciones legislativas. Por su parte, con la nueva legislación política-electoral, los mexicanos residentes en el extranjero ya podrán votar electrónicamente y vía presencial en embajadas y consulados. La añeja demanda de nuestros paisanos para obtener en el lugar donde viven su credencial para votar pronto será una realidad.
Para un adecuado financiamiento político, el nuevo modelo de fiscalización representa un avance significativo que permitirá ordenar y detectar el origen de los recursos. En materia de transparencia, en México se han logrado importantes avances para que partidos políticos, sindicatos y universidades públicas, así como fondos y fideicomisos públicos, rindan cuentas a la ciudadanía y transparenten su información como nuevos sujetos obligados.
El Informe de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat 2014), elaborado por la Fundación Konrad-Adenauer Stiftung y la consultora argentina PoliLat —difundido en días pasados—, señala que México es la sexta democracia con mejores calificaciones de una lista 18 naciones evaluadas y uno de los nueve países que superan el promedio regional. La evaluación indica que el país mejoró sus capacidades para asegurar bienestar social y operar con eficiencia económica —requisitos imprescindibles para contar con una democracia de calidad—. En el apartado “capacidad para generar políticas que aseguren bienestar”, México obtiene 1,690 puntos, lo que lo coloca como país de alto desarrollo democrático.
Empero, el estudio destaca oportunidades para mejorar el desarrollo democrático en México, como fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, alcanzar una mayor adhesión de la ciudadanía en los procesos electorales y generar mecanismos de construcción de ciudadanía, en los aspectos que hemos avanzado falta mucho camino aún por rrecorrer para que el avance se refleje en todo el país y en todos los ambitos, tendremos que llevar lo escrito en la ley a la realidad.
En esta ruta, desde el Instituto Nacional Electoral tenemos la encomienda de contribuir a implementar prácticas y políticas públicas que favorezcan la construcción de ciudadanía, para que a través de programas y proyectos específicos, como el Informe País y la sistematización de modelos educativos de formación ciudadana, entre otros, se coadyuve a incrementar la confianza en lo público y se fortalezca nuestra democracia en un contexto de plena integridad electoral.
•Consejero
electoral del INE
