Enrique Andrade González
La Reforma Electoral de 2014 estableció nuevos y complejos desafíos para la nueva autoridad nacional, entre otros, configuró un nuevo modelo de fiscalización, que implica en principio la revisión de los ingresos y gastos de todos los candidatos —tanto de campañas federales como de elecciones en los estados—. De esta forma el constituyente ordenó una revisión más exhaustiva utilizando todos los avances tecnológicos posibles y, además, dispuso que esta revisión se realizara en un menor tiempo.
La reforma implicó la modificación de varias normas y criterios que se plasmaron en un nuevo reglamento de fiscalización que establece reglas claras para el reporte de los gastos y de los ingresos tanto para partidos políticos, candidatos y en esta ocasión también para candidatos independientes.
El pasado 20 de julio —a 43 días de distancia de la jornada electoral del 7 de junio—, el Consejo General del INE conoció, discutió y resolvió la fiscalización de las campañas de 12,912 candidatos, de los cuales 2,667 fueron federales y 10,245 locales, quienes disputaron 2,016 cargos públicos: 500 curules federales y 1,516 cargos locales. También 123 candidatos independientes: 101 en elecciones locales y 22 en el proceso federal.
Para ello, se procesaron 1 millón 69 mil operaciones incorporadas al sistema de contabilidad en línea. En cada operación se comprobó y verificó la documentación respectiva, tales como facturas, contratos, recibos y los movimientos bancarios realizados.
La revisión de los gastos de campaña no tiene límites: se eliminó el secreto bancario, fiduciario y fiscal, lo que permite al INE solicitar información a la banca y al sector financiero, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-SHCP) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entidades con quienes se tuvieron intercambios de información con el objeto de corroborar el origen y destino lícito del dinero así como la veracidad de las operaciones financieras de las que partidos, candidatos y terceros formaron parte.
De igual manera, se conformó un Registro Nacional de Proveedores con 18,897 registros que administra el propio Instituto Nacional Electoral, y todas las contrataciones se deben de hacer con estos proveedores registrados.
En perspectiva comparada, en el Proceso Electoral Federal de 2012 el entonces IFE auditó —en casi 12 meses— 1,605 candidaturas que involucraron 2,604.9 millones de pesos, mientras que en este 2015, el INE fiscalizó en 40 días más de 8 veces el número de candidaturas y el volumen de recursos implicados fue mayor en poco más de 500 millones de pesos.
Este desafío se pudo superar en gran medida a la implementación de un Sistema Integral de Fiscalización, cuyo diseño fue posible por la colaboración entre el INE y la UNAM. En esta tarea se recorrieron la totalidad de los 300 distritos para detectar la propaganda en vías públicas, con que se obtuvieron 40,066 testigos georeferenciados (como bardas, espectaculares y mantas). En las entidades donde se eligieron gobernadores se recorrieron 3 veces los distritos de esos estados.
Los integrantes de la Comisión de Fiscalización del INE, acordamos los criterios de sanción antes de conocer las conductas irregulares y a los actores que las cometieron, con el propósito de dotar de certeza jurídica al proceso fiscalizador.
Los importes de las sanciones ascienden a 130 millones 952 mil pesos en lo que respecta a la elección federal, y de 261 millones 98 mil pesos en lo que se refiere a las 16 elecciones locales. La suma total asciende a 392 millones 50 mil pesos.
Fueron 14 candidatos federales y 18 locales los que rebasaron los topes de gastos de campaña. Es importante señalar que no se presentó el supuesto de que algún candidato ganador hubiera rebasado el tope de gastos y que el margen de victoria hubiera sido inferior a 5%, por lo que no hubo la necesidad de aplicar las nuevas causales de nulidad de la elección previstas en la Constitución.
Es muy relevante advertir que las sanciones no implican una mala fe de los partidos políticos y candidatos, sino que responden en general a errores y/o omisiones en los reportes de gastos.
Estoy convencido que la reciente Reforma Electoral, particularmente en lo que respecta a la fiscalización de gastos de partidos y candidatos, significó un acto de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. La información es pública y estará sujeta al escrutinio público.
*Consejero
electoral del INE.
Twitter: @e_andradeg
