Un expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue apresado y liberado, con reservas, en España. Sus cuentas están bajo investigación porque se presume que fueron empleadas para lavar dinero.
El lavado de dinero implica tomar dinero mal habido y hacerlo pasar por lícito. Y es uno de los delitos más complejos de probar, pues se tiene que determinar que el origen de esos recursos fue ilegal y que, por medio de movimientos en el sistema financiero, cruzaron una caja negra y salieron
dentro del sistema.
Hay dos grandes sospechas sobre la procedencia del dinero que usaba Moreira. Una, como relata la amarillista nota de El País, lo vincula con crimen organizado. La otra porque el estado que gobernó, Coahuila, pasó de un nivel de endeudamiento de poco más de 320 millones de pesos a más de 36 mil millones bajo sus seis
años de mandato.
Si una persona que habita en Coahuila pudiese ver que ese endeudamiento sirvió para desarrollar el estado de forma incuestionable sería una cosa, pero miles de millones de deuda contratada que deberán pagar los coahuilenses —y todos los mexicanos— no tiene un
destino cierto.
La deuda pública se empleó para programas sociales en los que la transparencia no existió; la información está reservada o es inexistente. Más aún, en algunos casos se usaron documentos falsos para su contratación o, en otros, no se dio trámite legal en el Congreso del Estado.
Por donde se vea, Humberto Moreira endeudó a Coahuila y hoy no es un estado más competitivo o mejor para su gente que cuando él llegó a la gubernatura.
La Procuraduría General de la República (PGR) en 2012 no encontró elementos para indiciar a Moreira, aunque hace 18 meses se reveló que es investigado por agencias estadounidenses y, ahora
se sabe, españolas.
Moreira dejó un estado endeudado para ir a presidir el PRI, del que salió apenas nueve meses después de haber llegado. Y en todo este tiempo, ni ese partido, ni Acción Nacional (PAN) ni el de la Revolución Democrática (PRD) ni otro han avanzado en la legislación que meta orden en las finanzas públicas estatales, donde se concentra la vasta mayoría del incremento
en la deuda pública.
Si el exgobernador Moreira lavó dinero compete a las autoridades internacionales y del país encontrar la ruta para comprobarlo; luego, si lo que lavó fue desfalcado al erario de Coahuila, las procuradurías nacionales debiesen encontrar y reintegrar ese dinero a las arcas del estado.
Pero más aún, la deuda de Moreira es una deuda de toda la clase política. Si no se ha avanzado en la creación de controles y contrapesos que eviten que ningún otro servidor público sobreendeude la hacienda, es porque no han sido capaces de aceptar que se acabe la impunidad y que todos, y que cada uno, sea enjuiciable por sus actos. Nos
siguen debiendo.
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