El proceso de restauración autocrática en Rusia se completó, en lo fundamental, durante el primer mandato de Vladimir Putin (2000-2008).
Al mundo empresarial se le impuso, a partir de una reunión sostenida en junio de 2000 en la dacha presidencial, un pacto forzoso que establecía el monopolio estatal de la agenda política, bajo la promesa de proteger la iniciativa privada y darle acceso al reorganizado mercado nacional así como a los recursos y contratos estatales.
Entre 1999 y 2002, el partido oficial, llamado Unidad, luego Rusia Unida, controló la mayoría de escaños de la Duma -Cámara baja del Legislativo, tras una serie de alianzas puntuales con comunistas y liberales; que marginaron alternativamente a ambas fuerzas del control del parlamento. Esta operación se completó con la restructuración del Consejo de la Federación,—Cámara alta— con miembros afines al Ejecutivo.
Simultáneamente, se anuló la autonomía de los poderes regionales. Para 2004 ya funcionaban en Rusia siete distritos federales, dirigidos por enviados de Putin, que controlaban el presupuesto y los órganos de seguridad regionales. Los nuevos gobernadores ya no serían electos sino designados por el presidente y confirmados por parlamentos locales copados por el oficialismo.
Se establecía, desde arriba, un nuevo pacto de gobernabilidad, bajo el cual la competencia o contestación al poder presidencial devenían taboo para las elites rusas. El ansia de orden de los empresarios , temerosos de perder las propiedades (mal)adquiridas en los 90, de las masas, interesadas en mantener la seguridad, los empleos y prestaciones del Estado, y hasta de la oposición leal, que disfrutaría de un rol subordinado dentro del régimen, privilegió la estabilidad autoritaria antes que el desarrallo democrático. En el discurso político oficial, términos como dictadura de la ley, léase injerencia reforzada de los órganos de justicia y policiales en la vida pública, sustituyeron a la noción y las prácticas del Estado de Derecho. Y la democracia manejada al pluralismo político.
Tras dos períodos consecutivos de Putin, sobrevino la presidencia de Medvedev (2008-2012), quien intentó un mejor balance entre los tecnócratas aperturistas y los miembros del aparato de seguridad dentro de la élite del Kremlin. Anunció una apertura económica a la innovación tecnológica y la inversión extranjera, un sistema político menos cerrado y mejores relaciones con Occidente. Este mandato mostró los límites de una modernización autoritaria -acotada a la esfera económica y, en menor grado, a la administración pública,sin liberalización política y con Putin como poder tras el trono. Si bien la retórica aperturista generó expectativas incumplidas en la clase media y en Europa y EU, bajo el gobierno de Medvedev se extendió, previa reforma constitucional, el período presidencial y parlamentario, fortaleciendo al grupo en el poder. Para septiembre de 2011, con la anuencia de un presidente dócil, Putin anuncia su regreso a las lides presidenciales, contando con la estabilidad y estructura políticas construidas durante casi 12 años. Sin embargo, la respuesta de un importante segmento de la ciudadanía sacudió, al menos momentáneamente, la hegemonía putinista. Abrió paso a una nueva etapa, más autoritaria, del régimen ruso.