La iniciativa ciudadana que se materializó en la elección federal de 2015 llegó hasta donde podía llegar en la pista externa a la política institucionalizada.
Un grupo de académicos, analistas y activistas presentó al Congreso más de 290 mil firmas sin respaldo partidista para promover la llamada “Ley 3 de 3”, una iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas que obligaría, entre otras cosas, a todo aquel que ocupe un cargo público a presentar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses.
Esta iniciativa se sustenta en el precepto de que esto impediría actos de corrupción y tráfico de influencias, lo que es deseable por todos. Sin embargo, algunos señalan que es una ley que pasa por alto el derecho a la confidencialidad.
Quienes se han manifestado por la aprobación sin cambios de esta ley parecen olvidar que todos los ciudadanos, sin importar si son estudiantes, trabajadores, empresarios, servidores públicos, jueces o legisladores deben ser respetados en su vida privada. Lo que yo creo que debe cambiar son más garantías y el respeto a esa privacidad.
Sí, es indispensable que se presenten las tres declaraciones a las autoridades; también que la instancia encargada de revisar sea eficiente y oportuna en el desahogo de las investigaciones.
Presentar las declaraciones y mantenerlas reservadas no es opacidad como lo es el resguardo de información del ejercicio de recursos públicos. No tenemos que saber todos el detalle de la vida de nadie, si tiene un Tsuru o 15 autos deportivos; si vive en un departamento o es propietario de tres residencias. El problema de fondo no es que esa información no está a la vista hoy, sino que la Secretaría de la Función Pública, desde siempre, tiene un porcentaje de éxito minúsculo en el desempeño de sus funciones.
Ahora bien, el marco legal no será suficiente si como país no avanzamos en la voluntad y viabilidad de castigar a quien corrompa y se corrompa,
a quien desvíe recursos públicos, a quien trafique influencias, se coluda o abuse de sus funciones.
No podemos ir exigiendo que esto se haga si no se concluye el marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción y tampoco tendrá suficiente respaldo ciudadano si se descalifican de antemano a quienes lo encabecen; nuestra historia reciente habla de una enorme fragilidad en ese aspecto.
En torno a la Ley 3 de 3 se construyó un sólido respaldo y es una gran iniciativa ciudadana —es deseable que todos los partidos y políticos se la apropien—, tiene mucho sentido en el combate a la corrupción y es necesario que se apruebe como parte de una política de Estado en su contra.
El proceso, su promoción, incluso el llamado a no votar por quienes no la presentaron tuvo todo sentido, pero entendamos que la ley por sí misma no resolverá un problema que llevamos años padeciendo y del que todos nos tenemos que hacer cargo en lo individual y colectivo.
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