El financiamiento público a los Partidos Políticos ha tenido por objeto dotarlos a estos institutos políticos de recursos de manera equitativa, que les permita contar con elementos para sus actividades tendientes a la obtención del voto y a la promoción de la participación política de los ciudadanos. El fundamento de este apoyo otorgado por el Estado, reside en nivelar las posibles desigualdades económicas entre las diversas opciones políticas y que los Partidos cuenten con una mayor autonomía en su función legislativa y de gobierno.
Históricamente se ha venido apostando por las subvenciones públicas a los Partidos Políticos por tres principales razones: Como elemento fundamental para equilibrar las condiciones de competencia; porque se encuentran controladas y observadas; y porque son transparentes. Por tratarse de recursos públicos, su fiscalización debe ser eficiente y su ejercicio debe ser transparente.
Con este propósito, la Reforma Electoral de 2014 configuró un modelo de fiscalización nacional que implicara una revisión más exhaustiva y en un menor tiempo, homologando estándares, plazos y criterios normativos de ingresos y gastos de Partidos Políticos Nacionales, Locales así como Candidatos a puestos de elección.
La fiscalización con cobertura nacional se encuentra orientada no únicamente a la ejercida por candidatos y partidos en procesos electorales, sino adicionalmente a los recursos que se ejercen en su operación ordinaria. Esto resulta especialmente relevante porque el INE revisa los movimientos de fondos cada año, en similitud a los Estados Financieros de cualquier institución.
En ello radica la trascendencia de los Dictámenes Consolidados que se pusieron a consideración del Consejo General el pasado 14 de diciembre, porque por primera vez esta autoridad nacional fiscaliza, con el rigor de los parámetros de auditoría del IFE-INE, los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de Partidos Políticos Nacionales y Locales correspondientes al ejercicio de 2015 y sus correspondientes proyectos de resolución.
El ejercicio de fiscalización en esta ocasión —y por última vez— se realizó principalmente fuera del sistema que tenemos para el registro de operaciones de ingreso y gasto, lo que implicó revisar los documentos que fueron en su momento presentados por los Partidos Políticos, tanto en el nivel nacional como en las entidades federativas.
Las más de 3,900 conclusiones que contienen las 11 resoluciones reflejan un trabajo exhaustivo de auditoria respecto de lo informado, lo comprobado y lo encontrado por parte de los auditores. Manifiestan la forma en la que se erogaron las prerrogativas, para lo cual se revisaron 12,009 millones de pesos de ingresos y 11,161 millones de pesos de egresos.
Cabe señalar que la Comisión de Fiscalización al interior del INE, conoció a partir del 11 de noviembre los dictámenes que le presentó la Unidad Técnica de Fiscalización. En sesión permanente del 22 al 28 de noviembre se aprobaron 360 dictámenes y los correspondientes proyectos de resolución.
Las principales observaciones que encontramos en la fiscalización del gasto en 2015 se refieren a la falta de comprobación en los gastos, a no destinar el recurso correspondiente a actividades específicas y a destinar algunos gastos a objetos no partidistas.
La autoridad electoral en esta materia debe de ser estricta porque así nos lo ordena la ley y la reforma de 2014. En todo momento ésta debe aplicar los criterios de sanción con el mismo rigor con el cual se revisan los gastos de campaña y precampaña, pero también se deben de escuchar los argumentos y valorar las pruebas que presentan los Partidos Políticos, en descargo de las observaciones.
Una autoridad justa no es la que más sanciona, sino la que sanciona lo correcto y es bajo esa convicción que la Comisión de Fiscalización ha venido trabajando.
La fiscalización en las entidades federativas fue sustancialmente distinta a la aplicada en años anteriores, por lo que se está proponiendo un criterio diferenciado de sanción, considerando por única ocasión sancionar el gasto con objeto no partidista con 50% y no 100%, ya que se ha detectado que debe de haber una mayor capacitación respecto de los rubros permitidos para el gasto partidista en las entidades. Por su parte, se planteó abrir procedimientos oficiosos para algunos temas específicos, para contar con mayores elementos para determinar las observaciones correspondientes.
La revisión nos está demostrando que la ruta de la fiscalización requiere en todo momento ajustes normativos, en los criterios de sanción y en los aspectos técnicos informáticos.
Como cada proceso electoral, cada revisión de fiscalización representa un nuevo aprendizaje. Para llegar a 2018 es necesario hacer ajustes en los aspectos que se detectan en cada revisión, pero también imprescindible una mayor y mejor capacitación hacia los partidos políticos y candidatos.
Prevalecen en esta revisión prácticas incorrectas de gastos, de ingresos y de informes, todas ellas superables. No se advierte mala fe ni dolo en las conductas sancionadas, lo que es una buena noticia.
Como Presidente de la Comisión de Fiscalización estaré atento para que se pueda incidir en la cultura de las mejores prácticas de auditoría por parte de la Unidad y de gasto por parte de los sujetos obligados.
Consejero
Electoral del INE
Twitter: @e_andradeg
