Rebasada quedó la izquierda mexicana en su intención de capitalizar el enojo social por la liberación del precio de las gasolinas, pues tras los actos delincuenciales y de rapiña en los que derivaron las protestas sería irresponsable y hasta suicida mantener el respaldo y la convocatoria a manifestarse.
Un signo inequívoco de que nuestros políticos de izquierda están encasillados en el siglo pasado, pues se mantienen en la idea de tomar las calles como la única forma de aprovechar el descontento social.
A ninguno de los políticos de partidos izquierdistas se le ha ocurrido, por ejemplo, retomar la bandera de impulsar el aumento al salario mínimo, que propuso el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, como vía para enfrentar los vaivenes económicos.
Mancera busca elevar el sueldo diario a 171.3 pesos para el 2018, pero en esta coyuntura no se ve a los indignados dirigentes y legisladores de izquierda promover esa iniciativa y, mucho menos, cabildear con el empresariado, también indignado por el aumento a las gasolinas.
Y no lo harán, porque de lo que se trata es de mancillar aún más al gobierno en turno, para llegar ellos al poder, y no precisamente buscar la prosperidad social.
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A programas sociales se piensan destinar 200 mil millones de pesos, producto de la liberación del precio de las gasolinas, destacó ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien volvió a detallar los beneficios que traerá al país esta medida.
“En el corto plazo, 200 mil millones de pesos hay que traducirlos en becas, en cuanto implica mantener programas sociales”, mencionó el funcionario.
En la coyuntura actual ese “corto plazo” del que habla Meade debe acelerarse para que los beneficios se obtengan este mismo año y la tarea del gobierno federal será vigilar que ningún funcionario retrase o desvíe los recursos.
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El señor de las amenazas, es ya el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump: en menos de una semana lanzó advertencias a dos compañías automotrices para evitar que construyan plantas en México.
El martes, vía Twitter (su órgano de difusión favorito), el magnate republicano sentenció a General Motors: “General Motors está enviando su modelo Chevy Cruze fabricado en México a los concesionarios de Estados Unidos libre de impuestos en la frontera. ¡Hágalo en Estados Unidos o pague un gran impuesto fronterizo!”.
Dicha amenaza obligó a otra automotriz estadounidense, Ford, a cancelar una inversión por mil 600 millones de dólares en San Luis Potosí, lo que por supuesto envalentonó a quien, de facto, ya está tomando decisiones como Presidente de la nación más poderosa del planeta. Por eso ayer amagó:
“Toyota Motor dice que construirá una planta en Baja California, México, para producir los autos Corolla para Estados Unidos. ¡De ninguna manera! Construyen en la planta en Estados Unidos o pagarán un gran impuesto fronterizo”.
Bravucón como es, Trump está dándose un tiro en el pie, pues Toyota es japonesa, no estadounidense, y se puede meter en serios líos en la Organización Mundial de Comercio.
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