El martes pasado, apenas unas horas antes de que los Secretarios de Estado y de Seguridad Interior norteamericanos llegaran a nuestro país para iniciar un encuentro bilateral, el gobierno norteamericano oficializó diversas medidas de endurecimiento de su política migratoria, entre las que se encuentra el inicio de la deportación expedita de indocumentados, quienes serían enviados a nuestro país aun sin ser mexicanos.
Tras dicho anuncio, diversas voces críticas sugirieron que el encuentro próximo a realizarse no debía llevarse a cabo. Afortunadamente, la agenda se mantuvo y Rex Tillerson y John Kelly llegaron a nuestro país, pues una cosa es mantener una posición firme –cosa que no siempre ha sucedido a lo largo de esta incómoda relación– ante las ofensas y provocaciones de las que hemos sido presa, y otra muy distinta es pretender que los problemas desaparezcan con la simple negación de los mismos. Sobra decir que, en estos momentos, el primer asunto de nuestra política exterior –que ya también es parte de la política interior– debe ser el tema migratorio, pues con las medidas recién anunciadas, muy pronto podríamos estar rebasados por una verdadera crisis de inmigrantes.
Hace algunas semanas, ante los embates del ejecutivo norteamericano sobre el tema, el gobierno mexicano anunció una serie de acciones preventivas para hacer frente al eventual suceso. En ese momento se anunciaron medidas encaminadas a la revalidación –sin mayor trámite– de los estudios realizados por jóvenes del otro lado de la frontera que se vieran forzados a volver a nuestro país. Una importante medida, si se considera que en otras ocasiones esto ha significado un gran obstáculo burocrático que los ha marginado de la posibilidad de continuar con sus estudios. Sin embargo, ante las nuevas medidas anunciadas, la situación escolar de los deportados es sólo una parte del problema, pues jóvenes estudiantes no serían los únicos que se verían forzados a volver a nuestro país.
Por lo pronto, el gobierno mexicano ya se opuso categóricamente a la posibilidad de que los migrantes indocumentados deportados que no sean mexicanos, sean enviados a México, pues claramente se trata de una medida que trasciende la soberanía norteamericana y a la cual nuestro gobierno no tendría por qué acceder de ninguna manera. Con todo, se requiere de mucha inteligencia y tacto político para hacer posicionamientos al respecto, además de prever qué acciones se tomarían ante tal eventualidad, pues podríamos caer en el irónico extremo de actuar con la misma inflexibilidad con la que el gobierno estadounidense actúa en contra de los inmigrantes ilegales, y que tanto hemos criticado y repudiado.
Por otro lado, las acciones que en adelante se tomen, deben de partir de las condiciones de deportación anunciadas, las cuales implicarían que tal y como son detenidos sean repatriados, sin la posibilidad de reunir sus pertenencias o comunicarse con sus familias. Ante esta situación, desde este momento se deben de tomar acciones encaminadas a brindar asistencia legal efectiva para todos aquéllos que intempestivamente sean separados de sus familias y fuentes de ingreso; dotar a los connacionales de vías formales –sin fines de lucro– para que puedan transferir sus recursos económicos a cuentas en nuestro país; y más complejo aún, pensar en opciones de vivienda y trabajo medianamente decentes, que les permitan rehacer su vida de este lado de la frontera.
Nos encontramos frente a un escenario por demás complejo, en donde la estrategia de nuestro gobierno debe de ser preventiva en todo momento, pues de lo contrario pronto nos veríamos superados por un problema que hasta ahora no tiene un precedente similar. Las acciones deben de iniciar y llevarse a cabo de este lado de la frontera, pues no hay señales que indiquen que medidas similares vayan a parar; al menos no en el corto plazo.
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