El tema no es nuevo y, sin embargo, está dando mucho de qué hablar a finales de esta administración federal: las políticas de “desarrollo urbano”, estatales y municipales, no se encuentran alineadas con la política pública de despliegue de infraestructura, para aumentar la conectividad de las telecomunicaciones en el país.
Apenas la semana pasada, miembros del órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), señalaron públicamente que las autoridades municipales obstaculizan el despliegue de infraestructura de las redes públicas de telecomunicaciones y, con ello, atentan en contra del oportuno despliegue de redes móviles de la quinta generación o 5G, a pesar del esfuerzo que realiza este órgano para liberar más espectro radioeléctrico y ponerlo a disposición del mercado.
La expectativa para la entrada en operación de las redes 5G, infraestructura que promete una nueva revolución tecnológica, ya que multiplicará la velocidad actual, tanto de carga de datos como de descarga en el mercado móvil de nuestro país, empieza a generar que se retome una discusión que si bien ha estado presente en la agenda pública desde hace muchos años, nunca ha logrado materializarse en actos concretos que deben incluir la participación decidida de los distintos niveles de gobierno, que integran nuestro pacto federal.
Las nuevas redes móviles requerirán una mayor cantidad de frecuencias del espectro para cumplir sus expectativas. También, el crecimiento exponencial de equipos de transmisión o radiobases para poder utilizar con eficiencia el espectro que está siendo liberado y que pretende incorporarse al mercado mediante el otorgamiento de concesiones.
Además, como se ha abordado en este espacio, la infraestructura destinada a la provisión de servicios móviles a la población, así como la destinada al segmento fijo, que también es de suma importancia, precisan de un mayor despliegue de fibra óptica a nivel interestatal, metropolitano y de acceso al usuario final, para lograr ubicar a nuestra economía en un lugar competitivo en el rubro de conectividad de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
El problema es sencillo, la solución no lo ha sido a lo largo de los años. Mientras los poderes federales son los encargados de legislar y regular a los servicios de telecomunicaciones, el despliegue de la infraestructura necesaria para que éstos existan, además de cumplir con una multiplicidad de normas federales deben satisfacer las normas que impone cada municipio, a su más leal saber y entender, para obtener permisos o licencias que amparen conceptos tales como la instalación y permanencia en la vía pública, posibilidad de realizar actividades de mantenimiento, entre otros.
Las autoridades municipales están facultadas para regular el “desarrollo urbano” en su territorio; lo hacen, en la inmensa mayoría de las ocasiones, sin tener en mente la necesidad de conectividad de su población. La federación, por su parte, no ha sabido o no ha estado en aptitud de convocar a un gran esfuerzo de coordinación para buscar la desregulación y estandarización de las normas estatales y municipales. Ante este escenario, cada operador ha tenido que asumir la existencia de esta maraña de disposiciones y tratar de resolverla de la mejor manera posible.
La coyuntura que plantean las nuevas necesidades de conectividad multimedia, con alto consumo de datos para acceder al universo de posibilidades, que ofrece el Internet desde cualquier dispositivo, fijo o móvil, obliga a que la falta de comunicación y comunión de intereses públicos en esta materia, dentro de nuestro pacto federal, deba ser reconocida, atendida y resuelta de manera satisfactoria, sin que este tema vuelva a subsumirse, como ha sucedido, en otras iniciativas del momento.