La jornada electoral que decidirá a la persona que encabezará el rumbo del país, por los próximos seis años, está muy cerca. El nerviosismo es evidente y en algunos sectores, como el de las telecomunicaciones y la radiodifusión, esta condición se ha traducido en llamados para promover la continuidad en la ejecución de las reformas instauradas en el 2013.
La reforma a la norma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, emanada en su momento de un mecanismo político denominado “Pacto por México”, que logró conjuntar a una diversidad de fuerzas políticas representadas en el Legislativo Federal, fue profunda desde diversas perspectivas.
Por principio de cuentas, el catálogo de derechos fundamentales de los gobernados, protegido por la ley fundamental, fue ampliado para incluir su derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Constituyente Permanente encomendó al Estado establecer condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
El reconocimiento de estos derechos fundamentales se insertó en disposiciones sacramentales de nuestra Constitución Federal, como siempre han sido sus artículos sexto, relativo a la libertad de expresión, y séptimo, el cual durante décadas protegió a la libertad de prensa, hoy modernizado para proteger en un sentido más amplio la denominada libertad de difusión de información, opiniones e ideas, a través de cualquier medio.
Los cambios sustantivos que implicó la reforma, fueron acompañados de un nuevo arreglo institucional al interior del aparato estatal. Lo que en su momento fue un órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones se convirtió en un poderoso órgano regulador de naturaleza constitucional autónoma, denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El nuevo instituto, a efecto de cumplir con su ambicioso mandato constitucional, fue dotado de todas las facultades sustantivas de regulación en la materia, así como de las atribuciones para fungir como autoridad de competencia económica en el sector. Además, se crearon tribunales especializados federales para dirimir las controversias respectivas, al tiempo de crear una estructura ad hoc para velar por los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, en el ámbito de protección al consumidor.
El cambio estructural introducido por la reforma ha generado beneficios evidentes, no obstante ello, aún se encuentra en su fase de instrumentación. Por ejemplo, a pesar de la multiplicidad de medidas regulatorias que se han adoptado para promover la competencia efectiva, nuestro mercado aún se encuentra indebidamente concentrado. Falta mucho por hacer.
Independientemente de la persona que gane las elecciones presidenciales del 1 de julio, el calado de la reforma difícilmente podría ser anulado o modificado de manera sustancial, ya que su corazón se ubica en la Constitución Federal. Sin embargo, las políticas públicas y las normas de inferior jerarquía pueden ser susceptibles de cambio, dependiendo de la nueva conformación del Congreso de la Unión.
En este orden de ideas, no debe soslayarse la realización de un “corte de caja”, para evaluar lo hecho hasta hoy y determinar, en su caso, la calibración cuidadosa de aspectos específicos en pro del aumento en beneficios tangentes para la población mexicana. Lo deseable es que cualquier ejercicio en este sentido sea objetivo y como tal, salvaguarde la certidumbre jurídica de este complejo sector.
