Nada bueno sería que el debate de hoy sea el que muchos avizoran: de pura pelea, cuando, a 18 días de la elección, lo que necesitan los electores es escuchar y volver a escuchar las propuestas de país de cada candidato. En especial porque el número más alto en las encuestas es el de los indecisos.
Los pronósticos son que:
—Anaya insistirá en prometer cárcel para el Presidente Peña, porque, en Brasil, Lula da Silva está en prisión y, en Argentina, es muy probable que sea encarcelada Cristina Fernández.
—AMLO prepara más apodos y chascarrillos en contra de los otros participantes.
—Meade mantendrá una fuerte ofensiva en contra de Anaya, por los reiterados señalamientos contra éste por lavado de dinero.
Por supuesto que los ataques forman parte de un debate presidencial. ¡Por favor!, ni que se tratara de una reunión en una abadía o un seminario, pero en ninguno de los dos encuentros anteriores se registró énfasis en el asunto de la violencia, observada como un asunto de seguridad nacional.
En las últimas horas, por ejemplo, el asesinato del candidato priista en Coahuila, Fernando Purón, activó las luces rojas en la Segob, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, partidos y candidatos: la violencia se roba el show y, lo peor, puede seguir robándoselo después del 1 de julio.
La ola de crispación y de violencia verbal desatada por las campañas electorales en todo el país se trasladó de manera natural a la inseguridad. Tanto así, que en delitos como el secuestro, la tendencia era muy notoriamente a la baja hasta el mes de abril.
Sin embargo, los secuestros se incrementaron en 12 por ciento en el mes de mayo en relación con abril. Veracruz, gobernado por el Frente PAN-PRD, sigue en primer lugar, con 24 casos. Una cifra que, a criterio de la señora Wallace, de Alto al Secuestro, es “sumamente alta”.
Sería importante que el aumento del secuestro ocupe un tramo del debate de hoy, que los candidatos expliquen sus plataformas para combatir este flagelo, porque el Nuevo Sistema de Justicia Penal lo que ha hecho es quitar más facultades al Estado y dar más poder a los delincuentes.
De nada vale que la Fiscalía y las comisarías conozcan los antecedentes policiales de los reincidentes desde su misma captura, pues cuando el caso llega hasta un juez, esos registros de reincidencia no son valorados para dictar prisión preventiva.
La violencia, la incertidumbre electoral y las controversias por encuestas falsas o atípicas, provocaron que inversionistas nacionales y extranjeros sacaran de México 400 mil 374 millones de pesos. ¿Y el debate de hoy será de ataques y apodos? Nuestro país necesita un estadista. No un camorrista u otro Cantinflas.
Ojalá lo veamos hoy.
