Imagine a 100 mexicanas y mexicanos representativos, reunidos en un salón: nueve serían personas viviendo en pobreza extrema, 44 en pobreza, 33 serían vulnerables por carencias sociales y nueve lo serían por ingresos. En ese salón, sólo 28 no serían pobres ni vulnerables. Los otros 72 sobrevivirían con carencias y algunos en riesgo de terminar siendo víctimas de la delincuencia e incluso, victimarios (ejemplo, la trata de personas).
Entre avances y retrocesos, hemos mejorado un poco. No tanto como necesitamos. No tanto como lo demanda el imperativo de la justicia social. Ante la pobreza, solemos pensar en términos de generaciones, como si la complejidad de su atención nos llevara a concluir que hay que reducirla, pero que no urge, lo que termina siendo un crimen en muchos sentidos.
Viven así, en la pobreza, millones de vidas, a cuyo término no tienen nada que heredar a sus hijos, más que pobreza. En cientos de miles de familias, las carencias se perpetúan y son su único horizonte durante generaciones.
En México tenemos ya una tradición en programas sociales que se remonta, al menos, a 1988, y hemos tenido tal expansión de éstos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) identifica 150 federales, 2 mil 258 estatales y 3 mil 811 municipales (Inventario de Programas y Acciones de Desarrollo Social, 2016-2017). Recientemente, Coneval (Consideraciones para el proceso presupuestario 2019) dio a conocer que de los 150 programas federales, hay 58 duplicados o triplicados. Este dato explica, en parte, la razón por la que el gran número de programas no incide en igual proporción en la reducción de la pobreza.
Es indispensable, dice la institución, que las políticas públicas no se centren en reducir los porcentajes de población en cada uno de los indicadores, sino que se plantee una estrategia integral que ataque a la pobreza en su conjunto.
Sí, porque los derechos sociales, alimentación, educación, medio ambiente sano, no discriminación, salud, seguridad social, trabajo, vivienda y bienestar económico constituyen en conjunto los satisfactores necesarios para una vida digna.
Es tiempo de ir más allá de hacer ajustes de diseño o de operación a los programas sociales. Tenemos que retomar el objetivo de fondo, que es librar de la pobreza a millones de mexicanos.
Así, la tarea adquiere otra dimensión: ya no se trata de mejorar programas sino de que éstos, sumados a otras políticas públicas, se materialicen y se traduzcan en vidas con menos carencias y, mejor aún, sin carencias. Hay que actuar sin precipitación, pero con sentido de urgencia.
Este es no sólo uno de los desafíos más relevantes y complejos del próximo Gobierno federal que encabezará Lopez Obrador, sino uno de sus compromisos más ratificados.
Si primero son los pobres, que lo sean, porque históricamente han sido los últimos.
Se requiere una renovación de la política social, un nuevo enfoque que trascienda los ajustes y que replantee la estrategia para lograr que, efectivamente, cada vez sean menos los pobres y, sobre todo, para alcanzar una aspiración a la que no debemos renunciar: que todas y todos, independientemente de su origen y condición económica y social, tengan acceso a oportunidades de desarrollo.
La igualdad de oportunidades es la gran bisagra de la movilidad social. Que millones de personas no tengan la pobreza como fatal destino. Por el contrario: que mejor alimentados, con servicios de salud, más preparados y sin ningún tipo de discriminación, tengan la posibilidad de salir por sí mismos de esa condición y de lograr bienestar para sí mismos, para sus familias y para el país.
Los pobres deben dejar de ser vistos como una estadística; no son un número a resolver. Son seres humanos cuyas carencias envuelven su vida en tragedia. Merecen, y deben ser, rescatados de la pobreza.