Ya hay nuevo Congreso y me parece que no hemos dimensionado lo que puede lograr. Es el primer Congreso con una mayoría en el México plenamente democrático. Una fuerza política por sí sola –los partidos que conformaron la otrora coalición electoral “Juntos Haremos Historia”– tiene la mayoría requerida para modificar leyes y, con un buen ejercicio de negociación, tendrá a la mano reformar nuestra Carta Constitucional. Por tanto, los retos y las oportunidades que tiene por delante son enormes. Me explico.
La mayoría de las modificaciones a la Constitución trastoca las reglas que dan sustento al orden democrático. Políticamente nada impide que la fuerza política dominante –insisto: si es que llega a conseguir a algunos adeptos a sus causas– modifique el orden constitucional a diestra y siniestra. ¿Esto quiere decir que no hay algún estándar, algún referente objetivo, para saber si las modificaciones constitucionales que se propongan contribuyen a fortalecer el sistema democrático? Claro que los hay.
Como dice Michelangelo Bovero: la democracia es el régimen de la libertad y la igualdad política. Es decir, sólo se identifica a un régimen como democrático si sus reglas constitutivas –las constitucionales– son una explicitación de estos principios. Consecuentemente, si una reforma constitucional altera en forma negativa alguna regla constitucional que derive de estos principios, el sistema será menos democrático. Al contrario, si cierta modificación constitucional optimiza alguna propiedad de estos dos principios, entonces se tendrá una mejor democracia.
Ahora, ¿cuál es contenido básico de estos principios? Veamos.
La libertad política implica que cada uno de los ciudadanos debe tener sus derechos de participación política garantizados. Esos derechos que hacen de la autodeterminación, del autogobierno, una realidad. Todos los ciudadanos deben ser sujetos y no sólo objeto del proceso decisional colectivo. Por eso la libertad política –o positiva– implica que se pueda formar una opinión de los asuntos públicos de la forma más objetiva posible. Para esto se debe contar con un pluralismo informativo: debe haber pluralidad de medios de comunicación y en los medios de comunicación. Se debe también contar con un pluralismo político efectivo: deben existir opciones políticas diversas que nutran el debate político. Una oposición es fundamental; más aún, es sana. Un sabio mexicano decía que “lo que resiste, apoya”.
Por tanto, toda reforma constitucional debe garantizar y mejorar el pluralismo informativo y político del país. Debe respetar y fomentar el debate plural y abierto en todos los frentes.
La igualdad política conlleva que la oportunidad de poder participar en las decisiones colectivas debe estar igualitariamente distribuida entre la mayor cantidad de personas. Se debe transitar hacia una democracia inclusiva en todo el sentido del término. Se debe procurar que todos tengan voz en la esfera pública mexicana. Cada voto debe tener el mismo peso; cada persona debe sentirse parte de una comunidad política que los transciende, pero, a su vez, los necesita y respeta.
Por tanto, toda reforma constitucional debe garantizar los derechos políticos existentes, e ir ampliándolos para incluir a quienes se encuentran marginados de las decisiones políticas colectivas, pienso en los migrantes, por ejemplo.
Pero todo lo anterior es necesario más no suficiente. La libertad política y la igualdad política serán una quimera sin sus contrapartes liberales y sociales. Si la libertad de autodeterminarse políticamente no se hace acompañar de esa libertad que limita al poder, que deja una esfera privada del ser humano indisponible al manto del poder público –de la famosa libertad negativa–, corremos el riesgo de quedar a merced de quienes nos gobiernan.
Así, toda reforma constitucional debe proteger y garantizar la libertad personal, de opinión, de asociación y de reunión.
De la misma manera, si la igualdad política no se acompasa con la igualdad social, el ideal democrático quedará trunco. De nada sirve poder participar en el proceso político –de donde emanan las normas que a todos vinculan– si no se tiene acceso a una educación de calidad. De nada sirve ser libres para elegir gobernantes si no se tiene un techo en dónde vivir, si no se tiene lo suficiente para comer. Todos los derechos de libertad pierden valor si no se garantizan las condiciones materiales que pongan a los individuos en grados de ser libres, a todos.
Esto quiere decir que necesitamos varias reformas constitucionales que propicien un Estado activo para combatir la pobreza y la desigualdad. Se requieren varias reformas en clave igualitaria para crecer con equidad y para hacer de nuestro sistema democrático uno más justo para los que menos tienen.
He aquí los retos y las oportunidades que se tienen enfrente: proteger lo que se debe proteger y modificar todo lo que sea necesario para tener un México más justo. Grandes retos, grandes oportunidades.
