El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano regulador de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión por mandato constitucional, acaba de dar a conocer su “visión regulatoria” para los años 2019 a 2023. El documento es interesante y revelador, debido, entre otros factores, a la coyuntura en la que se hace público y a las particularidades de su contenido.
El IFT es un órgano constitucional autónomo al cual le fueron asignadas funciones y facultades otrora ejercidas por la Administración Pública Federal centralizada. No es el único órgano de este tipo; esta figura institucional ha proliferado, en colores y sabores diversos, durante los últimos años. La futura administración federal, que será encabezada por Andrés Manuel López Obrador, no se ha pronunciado de manera clara respecto a su “visión” en torno al IFT. Desde una perspectiva de sutileza política, podría cuestionarse que, en esta coyuntura, el IFT exprese su “visión” regulatoria para los años venideros; precisamente, los años de López Obrador.
No obstante lo anterior, el IFT es un órgano técnico, no político; al menos eso es lo que establece el texto constitucional. Tal vez este documento, que puede llegar a ser trascendente, ha sido platicado con integrantes del equipo de transición, como los excomisionados de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, Salma Jalife y Abel Hibert. Se subraya, “platicado”, que no validado, ya que la autonomía del regulador debe ser cuidada por sus integrantes para cumplir con su objeto y mandato.
Dejando de lado la pertinencia, oportunidad y corrección política del documento de prospectiva, su contenido es de llamar la atención. Lo es, ya que aborda temas de la máxima actualidad, como los relativos a la era digital y a Internet, respecto de los cuales puede debatirse si existe o no una relación directa con el ámbito de competencia de este órgano regulador.
En efecto, el documento se pronuncia acerca de la necesidad de valorar y regular el acceso a recursos necesarios para el uso eficiente de Internet, mediante el desarrollo de regulación vinculante y no vinculante (es decir, mediante la emisión de opiniones o recomendaciones). Pareciera que, finalmente, el IFT se ha dado cuenta que dejar la administración del Internet en manos de ONG’s no es suficiente, dada la realidad actual de concentración de recursos que priva en el mercado mexicano. Esta es una buena noticia; esperemos, no obstante, que no se limite a un buen propósito.
En otros aspectos, como Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) o la posible regulación de los servicios que utilizan como plataforma al Internet, y a la infraestructura física de telecomunicaciones que hace posible su existencia, conocidos como OTT u over the top, la visión pareciera ser borrosa.
En el primero de estos supuestos, IoT, que implica el reconocimiento de una realidad en la que todo tipo de aparatos están siendo diseñados para conectarse a la red de redes y generar, mediante su uso cotidiano, datos diversos, lo que este órgano debe hacer es sencillo: promover el aumento y la calidad de la conectividad de los mexicanos, mediante un incremento de la competitividad en el mercado mexicano. Es decir, nada diferente o innovador respecto de lo que establece la norma constitucional que le dio origen.
En el segundo caso, el de las plataformas OTT como Netflix y Amazon, el señalamiento es más interesante. Lo es, ya que desde su creación, el IFT ha evitado intervenir en el desarrollo y regulación de las OTT’s, a pesar de que, en diversas ocasiones, se ha solicitado emparejar el entorno competitivo que priva en estos medios alternativos de comunicación y los servicios tradicionales de telecomunicaciones y radiodifusión, sujetos estos últimos a una sobre o hiper regulación. La pregunta que surge ante la “visión” del IFT consiste en la manera en que este reclamo podrá ser satisfecho en beneficio de los usuarios y de la denominada “competencia efectiva”. ¿Desregulación o mayor regulación? No hay claridad en torno a la respuesta.
La visión es interesante, pero no debe distraer. Los objetivos de acceso, penetración y competencia de infraestructura y servicios públicos básicos encomendados al IFT se encuentran, aún, muy distantes. Qué bueno que exista visión prospectiva; esperemos que ésta, sin embargo, no genere miopía en las prioridades que urge continuar atendiendo.