A partir de una rápida evaluación de las reformas “estructurales” impulsadas por la presente administración, tanto a nivel constitucional como en leyes federales, se puede advertir que la modificación legislativa más exitosa, en el corto y mediano plazos, es, sin lugar a dudas, la relativa a las Telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
En efecto, a diferencia de lo ocurrido en otros ámbitos, como el energético, en Telecomunicaciones se han palpado de tiempo atrás, beneficios concretos derivados de la modificación a la Constitución Política, seguida de la emisión de su legislación secundaria en este dinámico sector.
Para muestra, un botón: durante años, se anheló el arribo de un nuevo operador de Telecomunicaciones de clase mundial al mercado mexicano. A partir del inicio del 2015, AT&T, el gigante estadounidense, inició operaciones a nivel nacional para competir en el segmento móvil o celular. Actualmente, la filial mexicana de este emporio se encuentra, además, incursionando de manera disruptiva en la banda ancha fija y, próximamente, como rezan los cortos o promocionales cinematográficos, entrará de lleno al mercado de distribución de contenidos audiovisuales, soportado por su ambiciosa adquisición de la fábrica de diversión conocida como Time Warner.
Utilizando este estandarte, y algunos de menor visibilidad, la administración del Presidente Peña Nieto ha cacareado en México y en el mundo el éxito de esta reforma. La futura administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, no se ha sumado al coro de esta ópera; no obstante, la presencia de personas que conocen el sector de las Telecomunicaciones en el primer círculo de AMLO, augura, al menos, un grado razonable de continuidad.
Como comentamos en este espacio hace unas semanas, pareciera que la evolución de la reforma constitucional en comento, podría tomar un nuevo sendero, el cual, debiera ser complementario y no volverse una condición que nuble la vista de los objetivos primigenios incorporados en la norma constitucional. Se estima positivo prepararse para los retos que plantea la tecnología, como la seguridad cibernética y un adecuado uso de la metadata que generan todo tipo de redes y dispositivos terminales (Big Data). Sin embargo, ello no implica soslayar la importancia diaria que debe tener recordar, sin cortapisas, que el principal reto de la reforma y de las autoridades creadas al efecto, debe consistir en la consecución de la conectividad universal, en beneficio de toda la población de nuestro país.
En este orden de ideas, debe señalarse que lleva tiempo volando bajo la discusión relativa a convertir los espacios públicos, como son plazas, escuelas y oficinas de gobierno, en puntos de acceso a Internet. Las condiciones están dadas, sin embargo, los poderes que integran el Estado, en sus tres niveles de gobierno, se han limitado a un enfoque binario que pretende que la conectividad se logre mediante subsidios gubernamentales, o bien, al obligar, por decreto, a los operadores que participan en el mercado.
La entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México puede impulsar y renovar esta discusión. Puede hacerlo, no porque el documento aporte algo realmente novedoso, sino por la influencia que tiene la metrópoli en el resto del país. Veremos si éste y otros temas relacionados con el acceso a la banda ancha con cobertura universal, son retomados y abordados por las administraciones que, encabezadas por la federal, serán asumidas a lo largo y ancho del territorio nacional por el partido político denominado Morena.
Mensaje corto:
Ésta es la última colaboración de este ciclo editorial. Agradezco a todos los directivos de La Razón, la oportunidad de llevar durante años Circuito Dedicado a todos sus lectores.
