Andrés Manuel López Obrador le dará luz verde a la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Esperemos que haya resultados positivos y creíbles en la investigación de dónde están los 43 estudiante de la normal Isidro Burgos. Y castigo a quienes asesinaron en ese momento a 9 personas: 5 estudiantes, dos integrantes del equipo de futbol avispas de Chilpancingo y un civil.
El asunto lo llevará directamente Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, que preside la maestra Olga Sánchez. Nada fácil porque desde luego los padres de los 43 los quieren vivos. Ojalá sea así.
A la Comisión Presidencial se le están acercando organizaciones como “Los otros Desaparecidos de Iguala,” que llevan ya exhumados a más de 150 cuerpos. Y quedan miles en el país.
Nos decía la guatemalteca Rigoberta Menchú Premio Nobel de la Paz 1992, que ella misma busco por años a sus padres y hermanos, que el sentimiento de encontrarlos vivos nunca se quitó, aun teniendo noticias negativas. Y así es.
Un proceso donde la legitimidad de ese trabajo pende de esa premisa. Y cualquier desviación o descuido, los padres y la gente que los apoya les quitarán su aval. Hasta ahora han dado todo el apoyo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
No me gusta tanto que sea comisión porque sus resultados pueden no ser vinculantes con la aplicación de las leyes y quede solo en una relatoría “social-política” y acusaciones políticas sin más contra el gobierno saliente en los tres niveles, y al final sean sólo datos sin castigo.
Lo importante es saber a qué fueron, quién los llevo, por qué se los llevaron, dónde están y mandar a la cárcel a los criminales directos e indirectos.
Se dice que es una red de complicidades con autoridades municipales, policiacas y mafias. Que hay una verdad histórica que no debe tomarse en cuenta.
La desaparición de los estudiantes y de los asesinados en esa noche indignó a México y al mundo. La demanda de justicia de los padres se hizo presente en todas la giras nacionales e internacionales de EPN, apoyados fuertemente por fundaciones extranjeras. Políticamente se hizo crimen de Estado.
Está ya por cumplir más de un año la Ley General sobre Desapariciones, donde se establecen las normas y los mecanismos legales necesarios para que México cumpla con sus obligaciones jurídicas en la búsqueda de personas desaparecidas y lleve a los responsables ante la justicia. Hay que aplicarla.
Hay más de 37 mil desparecidos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1,300 fosas clandestinas con 3,900 cuerpos desde 2007. Y hay 26 mil cuerpos no identificados en el país.
Verdad y justicia.