Un tuit de Donald Trump movilizó al servicio exterior y a buena parte del gobierno mexicano para aventurarse a Washington a desactivar la amenaza de unos aranceles a todas nuestras importaciones.
Con la pistola puesta en la cabeza, el equipo del canciller se enfrentó a un desafío que, en teoría, parece haber superado con éxito después de que Trump anunció el cese de la amenaza a cambio de una serie de compromisos firmados por los dos países.
El mayor éxito de México, se señala, es que no se estableció la figura de “tercer país seguro” al mismo tiempo que se detuvo la amenaza de los aranceles. Una y otra vez se ha repetido que haber evitado la aplicación de esta figura internacional implicó no haberle concedido a Trump una victoria importante que hubiese comprometido sobremanera a las instituciones mexicanas. Vale la pena analizar rápidamente qué implica ser un “tercer país seguro”.
De acuerdo con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, las personas que escapan de su país por temor a la persecución se encuentran en una situación jurídica extraordinaria y ninguno de los países firmantes pueden simplemente expulsarlos y devolverlos a una situación de riesgo en su país de origen. Sin embargo, la misma Convención reconoce que esta obligación “puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países”, por lo que se requiere de la solidaridad internacional.
Para muchos refugiados su ideal es llegar a un país en particular. Pero, bajo la Convención, las naciones pueden rechazar las solicitudes de asilo de los refugiados si aseguran su estancia en un tercer país, por el que hayan pasado que sea seguro y cumpla con una serie de requisitos, como garantizar derechos de vivienda, seguridad social, educación, empleo y servicios médicos. En 2016, por ejemplo, la Unión Europea firmó un acuerdo de esta naturaleza con Turquía que le permitió desahogar una parte importante de la presión establecida por los millones de desplazados sirios que solicitaban asilo (queda en el aire si la Turquía de Erdogan es realmente segura para ellos).
Estados Unidos tiene acuerdos de esta naturaleza con otros países, como con Canadá, pero en el caso mexicano, este acuerdo no existe. En primer lugar, porque difícilmente las instituciones mexicanas podrían pasar la prueba más elemental de garantizar los derechos de los migrantes y, en segundo lugar, porque nos impondría una obligación desmesurada.
Hasta aquí, es una victoria no habernos puesto en esa situación jurídica. Pero el acuerdo firmado dice que “las personas que cruzan la frontera sur de EU en busca de asilo serán regresados rápidamente a México en donde esperarán la adjudicación de su reclamo de asilo”, que no es un acuerdo de tercer país seguro, pero se parece mucho. En promedio, la aplicación de asilo en Estados Unidos toma seis meses y tiene una tasa de rechazo de 60 por ciento. Sin ser seguros, nosotros los acogeremos “mientras tanto” y si su solicitud no prospera, también serán nuestra responsabilidad. La celebración mexicana se basa en un tecnicismo, pero no necesariamente en la realidad.